Para mañana fue aplazada la resolución del Juzgado de Garantía de Talcahuano sobre las medidas cautelares para los ejecutivos de ENAP, imputados por las emergencias ambientales en el Bío Bío y Quintero-Puchuncaví en 2018. A diferencia de la Fiscalía y el Consejo de Defensa, los querellantes pidieron la prisión preventiva para los empleados públicos.
Una nueva y extensa jornada se desarrolló por segundo día en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, en el marco de la formalización de seis ejecutivos de ENAP, a quienes el Ministerio Público responsabiliza por las emergencias ambientales en el Bío Bío y el cordón industrial de Valparaíso, a raíz del manejo del crudo iraní recibido el año pasado por la estatal.
El debate se centró en las medidas cautelares que se están solicitando, de firma periódica y arraigo nacional de parte de la Fiscalía y el Consejo de Defensa, mientras los querellantes fueron más allá y pidieron la prisión preventiva.
El abogado Jorge Ríos, en representación de 30 familias de Quintero y Puchuncaví, fundamentó su solicitud en que los imputados no sólo cometieron un delito ambiental sino también el de asociación ilícita.
“Existe una concatenación de correos y de información de cada uno de los imputados que permite establecer que cada uno conocía estas circunstancias y que podían estar cometiendo un ilícito penal”, afirmó.
Otro de los querellantes, Remberto Valdés, en representación de 1.200 víctimas de Valparaíso, agregó conductas calificadas como muy graves, como es la magnitud del daño generado por la emisión de ácido sulfhídrico a partir del crudo iraní, además de los antecedentes falsos presentados por ENAP para ocultar la responsabilidad en la contaminación.
En respuesta, la defensa de los gerentes y jefaturas de Enap Bío Bío y Aconcagua, liderados por el abogado Cristian Muga, denunciaron como irresponsable la prisión solicitada, pidiendo al tribunal desestimarla.
“Me parece una irresponsabilidad, es una irresponsabilidad jurídica, esta es una formalización por artículo 291, todos los otros delitos que se imputan son inventos de los querellantes”, sostuvo Muga.
Para las 9:00 horas de este sábado fue fijada por la jueza Antonia Flores la entrega de la resolución que determine las medidas cautelares y el plazo para que la Fiscalía termine esta compleja investigación.
