Un llamado a que se nombre un interventor para el colegio Almondale Valle hizo el senador Alejandro Navarro, a raíz de la decisión del sostenedor de renunciar al reconocimiento oficial y entregar el establecimiento a una nueva administración a partir del próximo año en la modalidad particular pagado.
La Fundación Almondale Valle tenía como fecha límite este viernes para apelar la resolución de la Seremi de Educación del Bío Bío que rechazó la decisión de renunciar al reconocimiento oficial, argumentando que la solicitud se hizo fuera de plazo.
El representante legal del establecimiento, Ismael Palacios, aseguró hace unos días que la medida se ajustaba a la ley y que utilizarían todas las acciones legales para hacer valer su postura.
Por eso para los apoderados el escenario que se abre los deja en la incertidumbre en cuanto a que a partir de marzo del próximo año sus hijos tengan un colegio subvencionado de las mismas características que el actual.
“Estamos hablando de 800 niños que estarían sin establecimiento, la región no podría albergar porque no existe cupo para esa cantidad (…). Esto nos provoca un desajuste económico, emocional y lamentablemente se cierran las puertas”, expresó.
De allí que el senador Alejandro Navarro, quien ha respaldado a los padres de los 800 alumnos del colegio Almondale Valle, emplazara a la Superintendencia de Educación a hacerse cargo de la compleja e inédita situación, llamando a que se utilice la figura del administrador provisional que establece la legislación para estos casos.
“El Estado tiene que garantizar que ese colegio funcione, para eso está la figura del interventor educacional para garantizar si un establecimiento no cumple con la función asignada por la ley tiene que ser intervenido”, manifestó el parlamentario.
A la actual Fundación Almondale Valle se le rechazó ya la decisión de cambiar de modalidad y pasar de particular subvencionado a particular pagado a partir de 2020, lo que implicaría aumentar la mensualidad de poco más de 100 mil pesos a casi 300 mil pesos.
Por esta razón, los responsables decidieron terminar con la administración y renunciar al reconocimiento oficial, decisión también rechazada por el seremi de Educación, Fernando Peña.
