Este lunes parte el nuevo sistema orientado a la repartición de agua potable para consumo humano en zonas rurales de la región del Bío Bío.
El intendente, Jorge Ulloa, informó que además se pedirá una fiscalización detallada para confirmar que el agua se reparte de buena manera y llega a quien realmente la necesita, emplazando a los municipios a realizar su labor.
Las autoridades se mostraron preocupadas a la hora de asumir el Gobierno, debido al gran gasto que significaba repartir agua potable para consumo humano en zonas rurales, donde además por años hubo un solo oferente para este servicio.
Por lo mismo, detalló Ulloa, se buscó un nuevo modelo para repartir el agua y se dividió a la región en cuatro. Provincia de Concepción, Provincia de Arauco y la Provincia de Bío Bío que se subdividió en dos territorios.
Las bases publicadas por el GORE dieron cuenta de un límite de $3 millones por oferente. En Concepción se cumplió, pero en Arauco y Bío Bío se tuvo que pedir rebaja de estos servicios, y las empresas finalmente accedieron.
El intendente subrayó que la idea entregar el servicio, pero a un valor razonable.
Por lo mismo, se exigirán fiscalizadores para saber bien dónde llega el agua potable y evitar así que tenga destinos diferentes para los fines que fue pagado el servicio: algo que nunca se pudo controlar.
El intendente además emplazó a los municipios a hacerse parte de estas fiscalizaciones.
La autoridad reconoció que hay que buscar soluciones permanentes a la situación de escasez hídrica para consumo humano. Por ello, se seguirá trabajando con proyectos relacionados a APR (agua potable rural), tal como lo han planteado alcaldes y parlamentarios.
