La banquetera acusada de estafar a cerca de 60 novios en la región de Valparaíso aseguró que demostrará su inocencia. Las declaraciones las entregó tras presentarse al Juzgado de Garantía de Viña del Mar, donde se ordenó su prisión preventiva.
Se trata de Natalia Álvarez Murillo, dueña de la empresa Probarte Banquetería SpA, quien estaba inubicable desde junio. Esto porque inicialmente había quedado en libertad bajo una caución de $5 millones, resolución que posteriormente fue modificada tras una apelación de los querellantes y el Ministerio Público. Tras ello, la defensa recurrió a distintas instancias judiciales, incluida la Corte Suprema.
“Me vengo a presentar, que es lo que se debe hacer, y luego voy a demostrar mi inocencia de todos los cargos”, indicó a Mega cuando ingresó al Juzgado.
Según expuso, en su caso “hay mucha información tergiversada, que no corresponde y no se ha dicho toda la verdad“.
También descartó haber permanecido oculta o tener la intención de evadir a la justicia, asegurando que estaban esperando la resolución de la Corte Suprema.
Sobre eso último se refirió el abogado que representa a la banquetera, Pablo Ehrenberg, explicando que durante las últimas semanas se presentaron distintos recursos y que, una vez agotadas las vías judiciales, su representada se entregó.
“Ya no existiendo ninguna vía legal y judicial que proceda en este país, lógicamente que determina y era claro que se iba a presentar ante los tribunales de justicia”, afirmó.
Defensa descarta estafa reiterada
El profesional indicó que “hablar de estafa reiterada en relación a mi representada es adelantarse a los hechos”, reivindicando la presunción de inocencia de la banquetera.
“Toda persona es inocente mientras no exista un juicio. Así que, desde ese punto de vista, el día de hoy mi representada es inocente”, subrayó.
En ese contexto explicó que existen contratos entre los afectados y la empresa Probarte, que —según dijo— es dependiente de Galarce y no de su representada. En algunos de ellos se establecía que, si los clientes desistían de realizar el matrimonio, podían perder parte de los montos entregados. Por ello, consideró que la investigación corresponde a incumplimientos contractuales y no a una estafa.
El defensor abordó los matrimonios que quedaron sin el servicio contratado, afirmando que de cuatro casos que se conocen, tres no habrían pagado la totalidad de lo acordado, mientras que en otro sí se habría pagado el total.
En concreto, el abogado apuntó como responsable al dueño de Probarte, que es José Galarce, cónyuge de la coimputada.
Enviando corrección, espere un momento...
