"Actué conforme a la ley": Exdelegada Sofía González confirma que fue notificada por juicio de cuentas

La exdelegada presidencial de Valparaíso y actual diputada, Sofía González, confirmó este miércoles que fue notificada por Contraloría respecto al juicio de cuentas por los tratos directos suscritos tras el megaincendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué.

La autoridad precisó que “mis abogados están revisando el fondo de este asunto” y agregó que tiene toda la disposición de entregar los antecedentes requeridos.

“Nuestro actuar se ajustó a derecho en el contexto de una emergencia, de una catástrofe regional sin precedentes, que debimos abordar con las herramientas administrativas disponibles”, planteó la ahora parlamentaria.

En ese contexto, aseguró que “durante la tramitación de este proceso se acreditará que actué conforme a la ley”.

En esta acción administrativa se investigan eventuales sobreprecios en la contratación de maquinaria y obras sin ser acreditadas ni respaldadas por la empresa San Nicolás.

Delegación no exigió acreditar obligaciones labores y previsionales

Esto, tras el sumario de Contraloría que detectó que la Delegación “no exigió acreditación del cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales” ni “investigó ni respondió formalmente las denuncias presentadas por un grupo de camioneros contra la empresa San Nicolás SpA por servicios impagos”.

Junto con eso, el organismo remarcó que no se dio cumplimiento al trámite de toma de razón en seis contratos.

También están considerados en el juicio de cuentas el exdelegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme; Jessica Díaz Salas, jefa del Departamento de Administración y Finanzas de la delegación; José Vera Álvarez, encargado de Administración y Servicios de la delegación; y Freddy Collao Rojas, jefe de Recursos Humanos y Administración de la Dirección Regional de Vialidad de Valparaíso del Ministerio de Obras Públicas.

El juicio de cuentas es un procedimiento de carácter jurisdiccional y administrativo que realiza la Contraloría para establecer la responsabilidad civil y exigir la devolución de fondos públicos a los funcionarios que causaron un daño patrimonial al Estado.