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En Valparaíso, se mantiene en incertidumbre el juicio de cuentas contra exdelegados presidenciales regionales, incluyendo a la actual diputada Sofía González y Yanino Riquelme, por tratos directos tras el megaincendio de 2024. La Contraloría regional solicitó acoger la responsabilidad extracontractual de las autoridades, sin embargo, no han sido notificados aún. El proceso investiga posibles sobreprecios en contrataciones y la falta de respuesta a denuncias de camioneros contra la empresa San Nicolás SpA. El oficialismo presiona por el pago de $587.011.530 cuestionados en el sumario.
En incertidumbre se mantiene el juicio de cuentas contra los exdelegados presidenciales regionales de Valparaíso, Sofía González –actual diputada– y Yanino Riquelme por tratos directos tras el megaincendio de 2024.
Esta acción administrativa también considera a Jessica Díaz Salas, jefa del Departamento de Administración y Finanzas de la delegación; José Vera Álvarez, encargado de Administración y Servicios de la delegación; y Freddy Collao Rojas, jefe de Recursos Humanos y Administración de la Dirección Regional de Vialidad de Valparaíso del Ministerio de Obras Públicas.
Según pudo conocer Radio Bío Bío en Valparaíso, a dos semanas del oficio suscrito por la contralora regional, María Soledad Pérez, donde solicitaba acoger la responsabilidad extracontractual de las autoridades, estas últimas no han sido notificadas. El documento fue enviado al subcontralor general, Víctor Hugo Merino, el cual deberá actuar como juez de cuentas.
Actual oficialismo acusa “desprolijidad” de gobierno anterior
En tanto, en el oficialismo presionan al organismo para que se cumpla con el pago de $587.011.530, cuestionados en el sumario de la Contraloría. El senador Andrés Longton insistió en que los antecedentes deben ser puestos a disposición del Ministerio Público.
A su juicio, el juicio de cuentas “deja en evidencia la desprolijidad permanente que hubo por parte de algunas autoridades del gobierno anterior. Me parece que el juicio sumario puede arrojar otras responsabilidades, una discrecionalidad a propósito de los tratos directos que se ejecutaban en estos recursos públicos; por lo tanto, esa discrecionalidad puede haberse convertido en arbitrariedad y eso claramente tiene que ser debidamente indagado”.
El proceso administrativo investiga eventuales sobreprecios en la contratación de maquinaria y obras sin ser acreditadas ni respaldadas por las empresas San Nicolás.
Mónica Bascuñán, abogada de Estudio Jurídico Mi Defensa Legal, mencionó que la cifra debe ser pagada entre quienes son acusados.
El sumario de Contraloría detectó que la delegación “no exigió acreditación del cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales” ni “investigó ni respondió formalmente las denuncias presentadas por un grupo de camioneros contra la empresa San Nicolás SpA por servicios impagos”.
Junto con eso, el organismo remarcó que no se dio cumplimiento al trámite de toma de razón en seis contratos.
De esta forma, a dos semanas de la presentación del escrito, la Contraloría continúa sin notificar a las exautoridades en el marco del juicio de cuentas.
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