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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Contraloría instruyó a Municipalidad de Viña del Mar abrir procedimiento disciplinario por uso de cuenta institucional en caso de proyecto inmobiliario de Makroceano en Concón, tras denuncia de abogado de la empresa por posible elaboración de documento oficial desde un computador municipal. Municipio reconoció que la cuenta correspondía a funcionaria. Contraloría dispuso investigar posibles responsabilidades administrativas, mientras que la Municipalidad afirmó que no se individualizan responsables ni se establece infracción a la probidad, sino que se indagan los hechos.

La Contraloría General de la República (CGR) instruyó a la Municipalidad de Viña del Mar iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas relacionadas con el uso de una cuenta institucional, en el marco de una denuncia vinculada al proyecto inmobiliario de Makroceano en el sector de las dunas de Concón.

La acción judicial fue presentada por el abogado de la empresa, Rodrigo Andreucci, quien aseguró que, tras la aprobación por parte de la Seremi de Vivienda de un anteproyecto inmobiliario, tres organizaciones ambientalistas interpusieron un reclamo de ilegalidad.

Según indicó, al revisar el documento ingresado al Poder Judicial, detectaron que este habría sido elaborado desde un computador de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) de la Municipalidad de Viña del Mar, utilizando la cuenta de una funcionaria municipal, antecedentes que dieron origen a la presentación ante Contraloría.

Tras conocerse el oficio, Andreucci sostuvo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso que el municipio reconoció que la cuenta institucional correspondía a dicha funcionaria. Por esto, a su juicio, la Contraloría ordenó investigar los hechos para establecer eventuales responsabilidades administrativas.

Frente a ello, la Municipalidad de Viña del Mar presentó un escrito en el que afirmó que esa interpretación no corresponde al contenido del documento, argumentando que la Contraloría no individualiza responsables ni establece que se haya configurado una infracción al principio de probidad, sino que dispone la apertura de un procedimiento para esclarecer los hechos y determinar si existen eventuales responsabilidades administrativas.

Es más, la casa consistorial indicó que han visto “que algunos abogados están dispuestos a todo con tal de que prospere su negocio”, añadiendo que lamentan que se intente interpretar de manera antojadiza un pronunciamiento de la Contraloría que, a su juicio, es categórico y no dice lo que sostienen los abogados interesados en que avance la construcción sobre las dunas.

Cabe recordar que el proyecto obtuvo Calificación Ambiental Favorable en marzo pasado, luego de que el Comité de Ministros, presidido por la entonces ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, acogiera un recurso de reclamación presentado por Makroceano S.A.

Gabriel Muñoz, abogado de la Fundación Yarur en resguardo del Santuario Dunar, anunció que realizarán todas las acciones legales respectivas ante el Tribunal Ambiental para revertir esta decisión.

La iniciativa contempla la construcción de un edificio habitacional de nueve pisos en superficie y diez niveles subterráneos, con un total de 149 departamentos.