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Durante años, la derecha y los sectores políticos vinculados al actual Gobierno han utilizado la expresión “tómbola” para desacreditar el Sistema de Admisión Escolar. No se trata de una descripción técnica ni neutral, sino de una construcción comunicacional destinada a instalar la idea de que el acceso a los establecimientos públicos y subvencionados quedó entregado al azar, sin considerar preferencias, prioridades ni trayectorias educativas.
Este relato ha sido repetido sistemáticamente con un objetivo político: cuestionar los avances que buscaron limitar la selección arbitraria y garantizar condiciones más equitativas para las familias. Tras la consigna del “fin de la tómbola” se intenta presentar como sentido común el regreso de mecanismos que otorgan mayores atribuciones a los establecimientos para escoger a sus estudiantes.
El proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar, aprobado por el Senado y remitido a la Cámara de Diputadas y Diputados, debe analizarse desde esa perspectiva.
La propuesta incorpora nuevos criterios de prioridad, amplía los procedimientos especiales de admisión para establecimientos de alta exigencia académica, crea reglas específicas para liceos históricos y Bicentenario y entrega a los directores una facultad excepcional para asignar determinadas vacantes.
No cuestionamos que el sistema deba ser evaluado y mejorado. Sabemos que muchas familias enfrentan frustraciones, dificultades de información y resultados que no coinciden con sus primeras preferencias. Pero esos problemas no justifican retroceder en materia de igualdad ni reinstalar la selección bajo nuevas denominaciones.
El llamado “sorteo” no opera como un mecanismo caprichoso. Antes de aplicarlo existen criterios de prioridad definidos legalmente. El procedimiento aleatorio se utiliza cuando la cantidad de postulantes supera las vacantes disponibles y cuando quienes postulan se encuentran en condiciones equivalentes respecto de esas prioridades.
Su finalidad es evitar que la decisión quede entregada a entrevistas, recomendaciones, antecedentes económicos, redes personales o valoraciones subjetivas de los establecimientos.
Por eso el verdadero debate no es entre azar y mérito, como pretende instalar el discurso gubernamental. La discusión es quién decide cuando no hay cupos suficientes, bajo qué criterios lo hace y qué garantías existen para impedir la discriminación.
El mérito tampoco puede analizarse fuera de las condiciones sociales en que se desarrolla. Los resultados académicos están relacionados con las oportunidades educativas, el nivel socioeconómico, el territorio, el acceso a apoyos, las condiciones familiares y las necesidades educativas de cada estudiante.
Presentar el mérito como un atributo exclusivamente individual supone desconocer las desigualdades estructurales del sistema escolar. Y utilizarlo como criterio para ampliar la selección puede terminar concentrando a quienes han tenido más oportunidades en los establecimientos con mayores recursos, prestigio o demanda.
Desde Andime hemos advertido que el proyecto podría presentar vicios constitucionales. La ampliación de facultades discrecionales, la creación de tratamientos diferenciados entre establecimientos y la eventual afectación de la igualdad de acceso requieren una revisión jurídica mucho más rigurosa que la realizada hasta ahora.
La Cámara de Diputadas y Diputados debe analizar si las nuevas atribuciones están suficientemente delimitadas, cuáles serán sus controles y qué mecanismos tendrán las familias para reclamar frente a decisiones que consideren injustas o discriminatorias.
También existe un problema institucional que las autoridades han evitado abordar.
Cada nuevo criterio de prioridad, procedimiento especial o facultad excepcional deberá ser administrado por el Ministerio de Educación. Será necesario modificar plataformas, verificar antecedentes, orientar a las familias, capacitar equipos, coordinar establecimientos, fiscalizar decisiones y resolver reclamaciones.
Nada de eso ocurre automáticamente. Las reformas públicas son implementadas por trabajadoras y trabajadores, y requieren presupuesto, dotación, planificación y capacidades técnicas.
Sin embargo, el Gobierno no ha transparentado suficientemente cuál será el impacto administrativo de la iniciativa ni cómo se financiarán las nuevas obligaciones. Tampoco ha incorporado adecuadamente a las asociaciones de funcionarios en la discusión del proyecto.
Resulta contradictorio que las autoridades hablen de reducir la sobrecarga administrativa de los establecimientos mientras impulsan una reforma que puede aumentar significativamente las exigencias para las unidades del Ministerio.
A las autoridades del Mineduc les decimos con claridad: mejorar el Sistema de Admisión Escolar no puede significar volver a seleccionar estudiantes, debilitar las reglas comunes o desconocer los avances alcanzados en equidad educativa.
La expresión “tómbola” puede ser eficaz como consigna electoral, pero no reemplaza la responsabilidad de gobernar ni la obligación de fundamentar técnicamente una política pública.
Una reforma seria debe garantizar transparencia, igualdad, inclusión y capacidad estatal. Debe resolver los problemas que enfrentan las familias sin abrir la puerta a nuevas formas de segregación.
El Sistema de Admisión Escolar puede perfeccionarse. Pero si el llamado “fin de la tómbola” termina sustituyendo procedimientos objetivos por mayores espacios de selección, no estaremos modernizando el sistema. Estaremos retrocediendo hacia un modelo en que las oportunidades educativas vuelven a depender del origen y de la capacidad de cada establecimiento para escoger a quién recibe y a quién deja fuera.
María Beatriz Fuenzalida
Presidenta nacional de ANDIME
