Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
Portuarios y camioneros de Valparaíso piden dialogar con el Gobierno ante alza en combustibles debido al conflicto en Medio Oriente. La Confederación Unión Portuaria busca instalar mesa de diálogo para abordar demandas, como participar en licitaciones portuarias. En tanto, la Federación de Dueños de Camiones alerta sobre traspaso de costos insostenible y advierte posibles movilizaciones si no hay medidas para estabilizar precios.
Con llamados a diálogo pero sin descartar movilizaciones, tanto trabajadores portuarios como camioneros de la región de Valparaíso advirtieron su preocupación por el alza de costos —especialmente de los combustibles— y la falta de definiciones claras por parte del gobierno de José Antonio Kast, así como un posible nuevo aumento en las bencinas en el marco de la guerra entre Estados Unidos (EEUU) e Israel contra Irán en Medio Oriente.
Desde el sector portuario -con una matiz más moderada-, la Confederación Unión Portuaria de Chile confirmó que se encuentra en pleno proceso de conversaciones iniciales con las autoridades, en medio de la instalación del nuevo Gobierno, indicando que ya sostuvieron una reunión con la Subsecretaría del Interior y que esperan continuar con nuevas citas durante esta semana.
Además, detallaron que se encuentran en Santiago participando en una asamblea nacional que reúne a más de 200 dirigentes, instancia que se extenderá durante esta semana y donde esperan obtener respuestas concretas del Ejecutivo.
En esa línea, señalaron que su principal objetivo es instalar una mesa de diálogo formal para abordar sus demandas.
Entre los puntos clave, el gremio manifestó su intención de ser parte de las futuras licitaciones portuarias, en el contexto del próximo término de concesiones en varios terminales del país.
También insistieron en la necesidad de establecer un canal directo con el gobierno, criticando la actual dispersión institucional que obliga a tratar temas portuarios con distintos ministerios, como Trabajo, Transportes, Hacienda y Defensa.
Asimismo, advirtieron que el alza de los combustibles impacta directamente en los costos logísticos, encareciendo los fletes y afectando finalmente a los consumidores.
El coordinador nacional de la Confederación, Patricio Fredes, se mostró expectante ante las medidas que adoptará el Gobierno para enfrentar estas problemáticas.
“Teníamos una agenda de trabajo con el gobierno que terminó, en donde hay un acuerdo de trabajo mutuo, que va también relacionado con el término de las concesiones y que se aproxima muy pronto en varios terminales del país. También queremos ver pronto una respuesta más clara del gobierno, cuáles van a ser las políticas para ir paliando este tema“, aseveró.
Por su parte, desde la Federación de Dueños de Camiones de la región de Valparaíso alertaron sobre la “grave situación” que enfrenta el transporte de carga, acusando un traspaso de costos que —afirman— no pueden asumir ni trasladar a sus clientes.
El gremio solicitó al gobierno medidas que permitan estabilizar el precio del combustible por al menos dos o tres meses, advirtiendo que, de no existir voluntad política, evaluarán movilizaciones durante los próximos días. Así lo señaló Iván Mateluna, presidente de la Federación.
“No vamos a aceptar una nueva alza de combustibles. Obviamente eso va a depender de las bases, pero yo creo que definitivamente el gobierno, su tosudez, no quiere de ninguna forma ayudarnos con esta nueva alza y poder estabilizarnos por lo menos dos o tres meses para poder nosotros seguir trabajando tranquilos”.
“Si no está la voluntad del gobierno, obviamente tampoco va a estar la voluntad de nosotros para seguir aguantando esto”, sostuvo.
En ese sentido, señalaron que esperarán la publicación oficial del nuevo precio de los combustibles para definir acciones, dependiendo de la magnitud del alza.
Finalmente, recalcaron que un incremento significativo en las tarifas podría gatillar protestas, acusando falta de apoyo por parte del Ejecutivo frente a una situación que califican como “insostenible” para el sector.
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