Megatoma de San Antonio: Gobierno ingresa documentos para garantizar desalojo de 50% del terreno total

En la Corte de Apelaciones de Valparaíso fueron ingresados por el Gobierno los documentos requeridos para garantizar el cumplimiento del desalojo de la megatoma de San Antonio.

La Municipalidad de la comuna también ingresó un escrito en el tribunal de alzada, recalcando que cumplió con sus obligaciones para asegurar el proceso.

Desalojo de megatoma de San Antonio: albergues transitorios y coordinaciones de autoridades

Fue el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, el que informó que ya fueron ingresados ante la Corte los documentos requeridos para acreditar el cumplimiento de la orden de la Corte Suprema respecto al desalojo de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio.

En la presentación, la cartera detalló el contexto general del proceso, incluyendo el avance en la habilitación de albergues transitorios y las coordinaciones interinstitucionales necesarias para resguardar a las familias afectadas.

Recordemos que, en paralelo, serán 100 las hectáreas que el Gobierno expropiará con el fin de un proyecto habitacional para los pobladores de ese sector.

Respecto al desalojo, este contempla los albergues dispuestos por el municipio para recibir temporalmente a las familias y, por otra parte, la coordinación operativa de Carabineros y la fuerza pública, con el fin de asegurar que el procedimiento se ejecute de manera segura.

Esto último fue comunicado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el pasado martes.

En tanto, María Lorena Rossel, abogada y académica de la Universidad de Las Américas, remarcó que el Estado tiene la obligación ineludible de respetar las decisiones de los tribunales de justicia.

En paralelo, la Municipalidad de San Antonio también presentó un escrito en el mismo tribunal de alzada, dando cuenta de la habilitación de un albergue transitorio en el Colegio España de Llolleo, que contará con una capacidad máxima de 116 personas, por lo que el proceso deberá realizarse de forma gradual.

Resta esperar la implementación de este plan para desocupar el 50% de los terrenos pertenecientes a la Inmobiliaria San Antonio S.A., privado que acusó un “trato injusto y arbitrario” por parte del Gobierno.