Diputadas llevan a Contraloría denuncias por sueldos y uso de recursos en el Ministerio de la Mujer

Las denuncias por presuntas irregularidades al interior del Ministerio de la Mujer siguen escalando. Ahora fueron las diputadas Constanza Schonhaut (FA) y Carolina Cucumides (PS) quienes llevaron el caso hasta la Contraloría General de la República, solicitando un pronunciamiento jurídico y una fiscalización sobre los presuntos beneficios salariales otorgados durante el reciente cambio de autoridades.

La presentación se suma a las denuncias que días atrás realizó la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer (ANFUMMEG), las que incluso llevaron a la ministra Judith Marín a ordenar una investigación sumaria.

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En el requerimiento, las parlamentarias piden que la Contraloría determine si los aumentos de remuneraciones y beneficios entregados durante la transición de autoridades en la subsecretaría (entre Daniela Castro (RN), quien dejó el cargo llegando en su reemplazo Marcia Raphael (RN)), se ajustaron a la ley, si contaban con respaldo presupuestario y si fueron autorizados por la autoridad competente.

Además, solicitan identificar los actos administrativos que dieron origen a esos beneficios, establecer si debían pasar por toma de razón y, si se concluye que fueron improcedentes, determinar si corresponde exigir la restitución de los dineros y abrir procedimientos disciplinarios.

No es el único punto bajo revisión. El requerimiento también pide una auditoría o investigación especial sobre el uso de recursos públicos en la cartera, incluyendo el pago de horas extraordinarias, viáticos y los procesos de compras públicas cuestionados por el gremio.

La diputada Constanza Schonhaut (FA) dijo que “Nos parece de máxima gravedad que puedan existir este tipo de irregularidades y pedimos a Contraloría un pronunciamiento para que dé cuenta de la legalidad de estos actos (…) y si es necesaria eventualmente una auditoría, sea interna o externa”.

Por su parte, Carolina Cucumides (PS) señaló que “No nos basta una instrucción sumaria como dijo la ministra. No podemos permitir que la institucionalidad que da respaldo y garantías a las mujeres de Chile (…) tengamos en contra a la propia ministra, a la propia subsecretaria”.

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Las diputadas fundamentaron su presentación en la declaración pública difundida el 3 de julio por ANFUMMEG. En ese documento, la asociación denunció un fuerte deterioro de la gestión interna del ministerio, con problemas en el pago de horas extras, viáticos, sala cuna, proveedores y servicios básicos, además de errores en compras públicas y una ejecución presupuestaria que calificó como mínima.

Pero el punto más delicado apunta a la existencia de “beneficios salariales groseros auto otorgados” durante el cambio de autoridades y a aumentos de remuneraciones que, según el gremio, no habrían seguido los procedimientos regulares.

A raíz de esos antecedentes, la organización presentó denuncias ante el Ministerio Público y la propia Contraloría por presuntos delitos funcionarios y eventuales hechos de corrupción.

Tras conocerse la denuncia de ANFUMMEG, la ministra Judith Marín instruyó una investigación sumaria y aseguró que no tolerará “ninguna mala práctica”.