La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) mantiene en funciones a una educadora de párvulos que fue sancionada administrativamente por destruir registros relacionados con las lesiones que presentaba un niño de casi dos años, quien al día siguiente fue víctima de abuso sexual y homicidio en 2022.
De acuerdo con el reportaje de Ciper, la funcionaria —quien actualmente dirige otro jardín infantil de la región Metropolitana— recibió una suspensión de tres meses y una rebaja del 50% de su remuneración, luego de que un sumario concluyera que eliminó un registro donde educadoras habían consignado diversas lesiones observadas en el menor antes de su muerte.
Según la investigación, al menos tres trabajadoras del establecimiento detectaron moretones en distintas partes del cuerpo del niño, antecedentes que quedaron registrados en una bitácora interna.
Sin embargo, la entonces directora subrogante no realizó la denuncia correspondiente ni activó los protocolos establecidos para estos casos.
Caso de niño asesinado
Además, tras conocer el fallecimiento del menor al día siguiente de las anotaciones realizadas por las trabajadoras, la funcionaria acudió al jardín infantil durante la noche y destruyó el documento donde se habían consignado las lesiones.
Días después, instruyó rehacer el registro, aunque una de las educadoras declaró que debió modificar su contenido porque la directora consideró que la descripción original era “muy fuerte”.
El sumario administrativo de la Junji estableció que la educadora incumplió sus deberes de protección hacia los niños bajo su cuidado e intentó ocultar información relevante para esclarecer los hechos.
Cabe recordar que tanto la madre del niño como su padrastro fueron detenidos durante la investigación. Dos días después de esto, el acusado fue hallado muerto en su celda.
Sanciones menores
No obstante, la investigación concluyó que no correspondía su destitución, considerando como atenuante que reconoció su responsabilidad y colaboró durante el proceso.
Consultada por Ciper, la Junji indicó que el procedimiento disciplinario ya concluyó y que las sanciones fueron ejecutadas. Además, señaló que desde 2024 actualizó sus protocolos de actuación frente a vulneraciones de derechos de niños y niñas, reforzando las capacitaciones y el deber de denuncia entre sus equipos.
En paralelo, la abuela paterna del menor, representada por la Fundación Amparo y Justicia, presentó una querella por infidelidad en la custodia de documentos públicos.
La causa terminó mediante una suspensión condicional del procedimiento, por lo que la funcionaria debió firmar mensualmente durante un año y ofrecer disculpas públicas.
Actualmente, la educadora continúa desempeñándose en la Junji como directora de un jardín infantil de la región Metropolitana.
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