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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Un hombre colombiano de 37 años quedó en prisión preventiva por el homicidio de un boliviano de 25, ocurrido en la Toma Yevide de San Felipe, región de Valparaíso. Carabineros, PDI y Fiscalía investigaron el crimen que sucedió en una toma desalojada en abril. El imputado, con antecedentes y situación migratoria irregular, fue detenido tras pericias de la PDI, confirmó el jefe de Homicidios en Los Andes.

En prisión preventiva quedó un hombre (37) de nacionalidad colombiana investigado por el homicidio de un ciudadano boliviano de 25 años en el sector denominado Toma Yevide de la comuna de San Felipe, región de Valparaíso.

Hasta el lugar de los hechos llegó Carabineros, además de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía para investigar este nuevo homicidio que afectó a la región, y que se produjo al interior de esta toma, de la que fueron desalojadas más de 600 personas a inicios de abril.

Tras las diferentes pericias realizadas por la PDI se concretó la detención del imputado, un colombiano con antecedentes y situación migratoria irregular. Así lo confirmó el subprefecto Hernán García, jefe de la Brigada de Homicidios en Los Andes.

Este martes se desarrolló la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de San Felipe. Fue en ese contexto que el fiscal Alejandro Bustos entregó detalles del caso.

Según dijo el persecutor, el imputado fue detenido “por su participación en un delito flagrante de homicidio simple perpetrado el día de ayer en horas de la madrugada en el sector denominado Toma Yevide de la comuna de San Felipe”.

“En el contexto de una discusión, ultimó a un hombre de 25 años de nacionalidad boliviana, acometiéndolo con un cuchillo en la zona torácica perforándole el corazón”, complementó.

Agregando que “tras la formalización de la investigación, el tribunal acogió la petición de la Fiscalía en orden a decretar la prisión preventiva por constituir el imputado en peligro para la seguridad de la sociedad y para evitar su eventual fuga, fijándose un plazo de investigación de 75 días”.