En acuerdo quedó la resolución por el requerimiento de sanción a la jueza Claudia Reveco, quien ingresó y conversó con personal del motel donde murió Valentina González. La familia de la joven indicó que esperan la suspensión de la magistrada y no descartaron acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó en acuerdo la resolución por la propuesta de sanción que fue formulada por la Fiscalía en contra de la jueza suplente Claudia Reveco, quien ingresó al motel El Duende, donde fue hallada sin vida Valentina González.

La familia de la víctima (27) no descartó que, en caso de no anunciarse una sanción severa, presente los antecedentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En acuerdo, significa que la resolución ya fue acordada, pero el acta se encuentra en redacción. Eso es la continuación del proceso administrativo que fue ordenado a la Fiscalía Judicial en contra de Claudia Reveco, tras la formulación de cargos en su contra.

Esto porque la magistrada, además de ingresar a las dependencias del motel, también conversó con personal médico, policial y trabajadores del recinto, lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Hasta el lugar llegó acompañada de su entonces pareja, Álex Olivares, padre de Felipe Olivares, quien, recordemos, estaba en la habitación donde murió Valentina.

Acusan “cacería de brujas”

Karl Pirtzl, abogado de Álex y Felipe Olivares, insistió en la inocencia de todos los involucrados, descartando una obstrucción a la investigación, que es lo que acusa la familia de la joven.

Pablo Tello, también abogado y colega de Karl Pirtzl, indicó que la acción adoptada por la jueza fue un “error de juicio” al exponerse innecesariamente a una situación de riesgo. Además acusó una “cacería de brujas” por parte de la parte querellante.

Cynthia Pérez, abogada querellante que representa a la familia de Valentina, insistió en la suspensión o separación del cargo de la jueza suplente.

Ahora resta esperar que se dé a conocer, públicamente, la resolución judicial. La querellante anunció que en caso de no tratarse de una sanción severa, presentará los antecedentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.