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El gobierno tendrá la oportunidad de demostrar que es posible combinar eficiencia, equidad y sostenibilidad fiscal en salud.
A lo largo de los años, el sistema sanitario muestra logros relevantes —alta cobertura, un sistema mixto público-privado y buenos indicadores comparativos— con problemas estructurales persistentes. El nuevo gobierno debe mostrar resultados rápidos, enfrentando desafíos críticos.
Clave es la crisis de las listas de espera. El número de pacientes de consultas de especialidad, exámenes o cirugías se ha mantenido en niveles altos, y la solicitud de cuentas sobre el eventual progreso será muy dura.
El programa plantea declarar una “emergencia sanitaria nacional” y utilizar toda la capacidad del sistema, incluyendo privados, con el cual se mantiene una deuda millonaria. El desafío no es solo aumentar la producción quirúrgica o de consultas. Sin cambios en la gestión hospitalaria, la priorización clínica y la correcta derivación desde una atención primaria más resolutiva, los esfuerzos pueden diluirse.
Un segundo desafío es el financiamiento del sistema. Se enfrentará simultáneamente la necesidad de mayor eficiencia del gasto y un ajuste fiscal que tocará a Salud.
Chile es uno de los países en que el gasto sanitario más ha crecido, llegando al 10,5% del PIB y casi 23% del gasto público. El riesgo es que la presión por consolidación fiscal limite la capacidad de expandir prestaciones o fortalecer la atención primaria, que es la base de cualquier reforma.
El tercero es la articulación del sistema mixto chileno, donde conviven actores públicos y privados. La propuesta enfatiza el uso intensivo de la capacidad privada para resolver prestaciones atrasadas y mejorar la competencia en precios, incluso en medicamentos, mediante prescripción por principio activo y ampliación de canales de venta.
Pero la coordinación entre ambos mundos —Fonasa, hospitales públicos, clínicas y aseguradoras— requiere reglas claras de financiamiento, compra estratégica y regulación.
Un cuarto eje, frecuentemente postergado en la discusión política, es la salud preventiva.
Iniciativas como promover actividad física, mejor alimentación y entornos saludables buscan enfrentar la alta prevalencia de obesidad y sedentarismo en el país. Sin embargo, estas políticas requieren continuidad en el tiempo y coordinación con educación, urbanismo y gobiernos locales, algo que trasciende un solo periodo presidencial.
Finalmente, un desafío transversal: el buen gobierno del sistema de salud. Diversos expertos y organizaciones han planteado la necesidad de avanzar en transformación digital y fortalecer la atención primaria. Sin estas reformas, cualquier intento de resolver problemas puntuales corre el riesgo de ser temporal.
El gobierno tendrá la oportunidad de demostrar que es posible combinar eficiencia, equidad y sostenibilidad fiscal en salud.
Para lograrlo deberá ir más allá de medidas de emergencia y abordar reformas estructurales postergadas. El éxito de la nueva administración se jugará en esa capacidad de transformar un sistema tensionado sin perder sus fortalezas.
