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El sistema educativo debe seguir avanzando sobre la base del diálogo y de los acuerdos, fundados siempre en el principio fundamental de que todas y todos pueden aprender.
Pocas veces un sistema educativo enfrenta una crisis tan profunda como la que dejó la pandemia, que afectó en una escala inédita las trayectorias educativas de millones de estudiantes en nuestro país. Ante este escenario, en 2022, la pregunta era ¿cómo reconstruir condiciones para que el sistema educativo cumpla su rol fundamental?
La respuesta partió de una convicción pedagógica simple, pero muy exigente: todas y todos pueden aprender. Este principio -que está en la base de la educación pública- orientó el quehacer de estos años, siendo el Plan de Reactivación Educativa una prioridad central de la política educacional para fortalecer aprendizajes, mejorar la convivencia y salud mental, y la asistencia y vinculación con estudiantes que se habían alejado del sistema educativo. Esta estrategia articuló cerca de 40 iniciativas, movilizando recursos y combinando programas universales y/o focalizados en los territorios con mayores desafíos.
Más allá de los programas, hubo una decisión política clave: enfrentar esta crisis escuchando al sistema educativo, dialogando y construyendo acuerdos amplios. En 2023 se constituyó el Consejo para la Reactivación Educativa, convocado por el presidente Gabriel Boric e integrado por representantes del mundo académico, educativo, político y de la sociedad civil. Esto permitió recoger miradas diversas y acordar recomendaciones para orientar las decisiones en uno de los momentos más complejos de la educación chilena.
Con este compromiso transversal, los indicadores comenzaron a mostrar señales claras de recuperación: en 2024, el SIMCE de 4° básico registró los resultados más altos de la serie comparable; cinco puntos de aumento en Matemática y seis en Lectura, con avances especialmente significativos de las y los estudiantes de menores niveles socioeconómicos.
A esto se suma una recuperación sostenida de la asistencia, que en 2025 alcanzó un promedio nacional de 87,5%, y una reducción cercana a 10 puntos porcentuales en la inasistencia grave y crítica en comparación con 2022.
Además, se logró revertir el aumento que dejó la pandemia en desvinculación, disminuyendo de 1,7% en 2022 a 1,3% en 2024, el nivel histórico más bajo. Esto implica que 10 mil estudiantes más permanecieron en el sistema educativo.
Los resultados del SIMCE 2025 dados a conocer recientemente por la Agencia de Calidad de la Educación refuerzan esta trayectoria, mostrando la consolidación de la recuperación de aprendizajes. En 4° básico se observa una estabilización en la trayectoria de mejora luego de los avances en 2023 y 2024, mientras que en 2° medio se alcanzan niveles prepandemia y se mantiene la tendencia al alza. Si bien las variaciones no son estadísticamente significativas, los resultados confirman que el sistema educativo ha recuperado terreno. También nos recuerdan que aún existen desafíos importantes: Matemática continúa concentrando las mayores dificultades, especialmente en brechas de género, que se ampliaron tras la pandemia.
Asimismo, avanzamos en el fortalecimiento de la Nueva Educación Pública, pasando de 11 a 36 Servicios Locales en régimen, llegando a todas las regiones del país y superando el 50% del nuevo sistema instalado. Junto a estos 36 SLEP en régimen, hay 22 más ya creados, alcanzando 58 de los 70 que existirán en el país.
Este proceso también se vio fortalecido con la promulgación de la Ley que perfecciona el Sistema de Educación Pública, aprobada con amplios acuerdos en el Congreso Nacional, y que introduce mejoras significativas al sistema, consolidando aprendizajes alcanzados en base al monitoreo a su implementación gradual.
Por otro lado, avanzamos dando respuesta a demandas históricas de las y los trabajadores de la educación. Es el caso de la Deuda Histórica Docente, que logró apoyo transversal para aprobar una solución concreta del Estado para docentes que durante décadas esperaron, ayudando de esta forma a hacer justicia frente a esta herida tan profunda. A esto se suma la tramitación histórica de bonos de incentivo al retiro para docentes y asistentes de la educación, que en ambos casos creció significativamente, en beneficiarios y recursos, en relación con el período anterior.
Estos avances no habrían sido posibles sin el compromiso de quienes sostienen la educación todos los días en nuestro país: docentes, educadoras, asistentes de la educación, equipos directivos, estudiantes y familias. Su trabajo cotidiano ha sido fundamental para reconstruir las condiciones de aprendizaje tras la mayor crisis educativa de las últimas décadas. A todos ellos y ellas enviamos un profundo agradecimiento por su compromiso diario con la educación de nuestro país.
Cerramos este período de gobierno con un sistema educativo reactivado tras la crisis más profunda de su historia reciente, con avances sustantivos tanto en el Sistema de Educación Pública, como en condiciones para las y los trabajadores de la educación.
También cerramos con convicciones claras: el sistema educativo debe seguir avanzando sobre la base del diálogo y de los acuerdos, fundados siempre en el principio fundamental de que todas y todos pueden aprender Porque cuando el Estado confía en su sistema educativo, ordena sus prioridades y actúa con un sentido de propósito compartido, los cambios son posibles y medibles.
El desafío de los años venideros es que los avances aquí descritos no sean un ciclo acotado, sino la continuidad de una trayectoria país: sostener políticas de largo plazo, fortalecer la educación pública, y garantizar que cada niña, niño y joven aprenda, tanto para desplegar su proyecto de vida, como para aportar a la construcción de una sociedad más justa y democrática.
