El alcalde de Villa Alemana, José Sabat, se defendió después de que la semana pasada concejales presentaran antecedentes sobre el presunto robo de materiales municipales, los que habrían sido almacenados en un terreno propiedad del líder comunal. Según replicó Sabat, el sitio era arrendado por uno de los acusados de la sustracción, por lo que no le corresponde responsabilidad a él en los hechos denunciados, que incluyen la construcción de una piscina con los artículos.
La semana pasada, los concejales entregaron antecedentes ante el Consejo de Defensa del Estado por la investigación contra tres directivos por hurto, posible asociación ilícita y malversación de caudales públicos. En ellos, se acusaba que el lugar donde se almacenaban los materiales municipales robados era propiedad del alcalde.
Pero la máxima autoridad comunal se defendió e informó que en ese sitio no se ha podido acreditar nada, afirmando que hay otro terreno en Peñablanca donde sí se estableció el almacenamiento del material, el que no está a su nombre.
Además, en caso de que hubiera ocurrido un ilícito, adjudicó la responsabilidad al arrendatario, quien es uno de los tres indagados.
En esa línea, afirmó que mientras los organismos competentes no lo determinen, no se puede aseverar nada y que de detectarse algún ilícito él no es el responsable, ya que ni si quiera autorizó que se realice alguna obra en el inmueble arrendado.
La información que involucra al alcalde con la propiedad que estaría relacionada en el caso fue confirmada por un documento del Conservador de Bienes Raíces.
En el terreno, el directivo municipal acusado habría construido una piscina y, según consta en los archivos entregados por fuentes de Radio Bío Bío, habría sido con material de la administración.
El concejal Raúl Alvear, del Partido Comunista (PC), emplazó al alcalde a declarar y aclarar si es que tenía conocimiento de la construcción de la piscina en su propiedad.
El alcalde Sabat insistió en que no tiene nada que esconder, ya que fue él mismo quien denunció la situación en primera instancia al Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría y al Ministerio Público. La máxima autoridad comunal indicó que llegó hasta la Fiscalía para que se le tome declaración sobre los hechos.
