La medida cautelar que había ordenado inicialmente el Juzgado de Garantía de Calama fue modificada por arraigo nacional y prohibición de acercarse al municipio.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta concedió un recurso que buscaba la libertad del exalcalde de Calama, Daniel Agusto (ex RN), quien estaba en prisión preventiva por el delito de fraude al fisco.
Con dos votos contra uno, el tribunal estableció que -si bien existen presunciones fundadas de la comisión del delito y por tanto se admite la importancia de establecer medidas cautelares- hubo un nuevo elemento que podría modificar la penalidad.
Lo anterior está vinculado con que la irreprochable conducta anterior de la exautoridad justificaría la revocación de la prisión preventiva contra Agusto.
De esta manera, se decretaron las cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la Municipalidad de Calama en la región de Antofagasta. En consecuencia se decretó la libertad inmediata del imputado.
Caso Comdes en Calama
Los fiscales Gabriel Zepeda y Cristian Aguilar, detallaron cómo en junio de 2017 la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) de Calama, bajo la presidencia de Agusto, firmó un convenio con un banco por 255 millones de pesos, originalmente destinados al fortalecimiento educativo.
Sin embargo, este dinero se redirigió inesperadamente hacia la adquisición de una propiedad para una Clínica Dental, que luego mutó en proyecto para un “Centro de Integración Educacional”.
El inmueble en cuestión, parte de una herencia de Jubitza Tapia Pérez, prima hermana de Agusto, y su madre, fue adquirido por 190 millones de pesos en enero de 2018, aunque el proyecto nunca contó con las aprobaciones necesarias de las seremis o la intendencia para su realización.
La compra se financió con fondos de salud primaria, una decisión tomada por el comité de Comdes que incluía a varios exdirectivos ahora formalizados en causas separadas.
El Ministerio Público acusa a Agusto de tener un rol activo y conocedor en la negociación y compra del inmueble, pagado con fondos públicos y destinado para un fin distinto al aprobado por las autoridades pertinentes.
