Graves irregularidades e incluso delitos, ya denunciados al Ministerio Público, detectó la Contraloría en la Intendencia de Ñuble como resultado de una investigación al sistema de distribución de agua potable rural entre 2018 y 2019, cuando el intendente era el hoy candidato a constituyente, Martín Arrau.
Las conclusiones, contenidas en el informe 233-2020 del 18 de marzo, dan cuenta del gasto sin respaldo de 228 millones de pesos en camiones aljibes, otorgando la Contraloría un plazo de 30 días para enmendar esta observación; además de un claro conflicto de intereses al adjudicar contratos a la empresa propiedad de la esposa de Erwin Campos Cáceres, quien como funcionario de la Intendencia intervino en la licitación.
También, el organismo fiscalizador constató la distribución de agua potable rural mediante la subcontratación de una empresa propiedad del juez de Policía Local de Pemuco, Fernando Vallejos Palacios, además del uso de camiones de una empresa relacionada con Ricardo Vallejos Palacios, exadministrador de la Municipalidad de Chillán, hoy imputado y en prisión preventiva por el caso LED.
Además de remitir los resultados de la investigación a la Fiscalía Regional de Ñuble y al Consejo de Defensa del Estado en Chillán, la Contraloría ordenó el inicio de un sumario interno, de manera de determinar las responsabilidades administrativas de funcionarios públicos de la Intendencia Regional.
Puedes leer el informe completo amcontinuación:
