El alcalde de Máfil, Andrés Lara, solicitó que el Ministerio de Educación ayude a pagar la deuda previsional que asciende a 17 mil millones de pesos, pero desde la cartera rechazaron la petición porque el municipio no cumple con los requisitos legales.
El jefe comunal viajó hasta Santiago para reunirse con la ministra María Paz Arzola, con el fin de gestionar soluciones por el complejo escenario financiero que enfrenta la casa edilicia.
El alcalde Andrés Lara solicitó que se aplique la Ley 21.040, que establece que el Estado pague las deudas previsionales pendientes al momento del traspaso de los colegios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
La normativa permite que el Fisco cubra la cotizaciones impagas, pero después descuenta los montos de los aportes que se entregan en el Fondo Común Municipal.
No obstante, el alcalde de Máfil señaló que la ministra de Educación respondió que Máfil tiene una de las deudas más altas del país, con cerca de 17 mil millones de pesos.
Además, desde la cartera le informaron que el municipio no podría seguir funcionando si se descuentan los recursos del Fondo Común Municipal. Es por ello que le negaron la colaboración del Estado.
“No tuvimos una respuesta muy positiva y principalmente son dos motivos. Uno hace relación con que la deuda de Máfil es una de las más altas del país. Estamos hablando de 17 mil millones de pesos, pero lo que además nos perjudica mucho más es que nuestro presupuesto y nuestro Fondo Común Municipal, del cual tenemos una alta pertenencia, también es bajo. Llegamos a un consenso de que Máfil no iba a poder seguir funcionando si se le descontaba el Fondo Común Municipal acorde a los porcentajes que ellos establecían”, explicó Lara.
El alcalde reconoció que no fue la respuesta que esperaban, aunque era la que estaba establecida en la ley, motivo por el que señaló que no quedó con la sensación de que hubo falta de voluntad, sino que las condiciones financieras no permitían la colaboración del Estado.
Respecto a la deuda, la autoridad explicó que el monto original era de 1.500 millones de pesos, pero aumentó con los años por los intereses que se establecen por no pagar las imposiciones.
A eso se suman deudas y acciones legales por no rendiciones de subvenciones escolares, situaciones que habrían ocurrido en administraciones anteriores y que están siendo indagadas por sumarios que inició el municipio.
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