Por segundo día consecutivo, Carabineros no ha logrado ubicar al alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, para ejecutar una orden de arresto en su contra. Esto, luego de que personal de la Tercera Comisaría acudiera nuevamente al edificio consistorial sin encontrar al jefe comunal.
La situación se produce en medio de un conflicto judicial por el incumplimiento de una sentencia laboral que ordenó reincorporar a una exfuncionaria municipal. Ante este escenario, el abogado de la demandante anunció que presentará una querella criminal por desacato contra el alcalde y el asesor jurídico del municipio.
Según los antecedentes, Parada solicitó un permiso administrativo y habría abandonado la comuna, donde permanecería hasta el martes 17 de noviembre, pese a que existe una orden judicial de arresto en su contra.
El origen del conflicto judicial
La causa se remonta a junio de 2024, cuando Nataly Vivar, quien se desempeñaba como secretaria municipal de Porvenir, fue destituida mediante un sumario administrativo instruido por el alcalde.
Según informó La Prensa Austral, la exfuncionaria recurrió a la justicia mediante una demanda de tutela laboral, acusando vulneraciones de derechos fundamentales tras su desvinculación.
En abril de 2026, el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir acogió la acción judicial, estableciendo que se vulneró el derecho fundamental a la no discriminación de la trabajadora.
Entre los argumentos del tribunal estuvo la falta de imparcialidad del procedimiento administrativo, debido a que Parada intervino en distintas etapas del sumario: como denunciante, testigo y autoridad encargada de resolver la sanción.
Posteriormente, los recursos presentados para revertir la sentencia fueron rechazados por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y la Corte Suprema, por lo que quedó firme la resolución que permitió a Vivar optar entre recibir una indemnización equivalente a 11 remuneraciones o regresar a sus funciones. La exfuncionaria eligió esta última alternativa.
Sin embargo, el municipio no concretó su reincorporación. En ese contexto, el pasado 30 de octubre el tribunal otorgó un plazo de cinco días para cumplir la resolución, bajo apercibimiento de arresto.
Anuncian querella por desacato
Ante el incumplimiento de la orden judicial, el abogado de la demandante, Max Müller, anunció la presentación de una querella criminal por desacato contra Parada y el asesor jurídico del municipio, Carlos Contreras.
El jurista también cuestionó un informe legal que Contreras habría emitido en septiembre, en el que —según acusó— se omitió hacer referencia al reintegro ordenado por la justicia.
“Resulta sumamente sospechoso que su informe no haya hecho referencia al reintegro”, sostuvo Müller, quien además planteó que el rol del abogado municipal debe ser investigado penalmente.
Por otra parte, el representante de la exfuncionaria aseguró que durante un mes intentó coordinar una salida pacífica al conflicto. Para ello, escribió en tres oportunidades al teléfono personal del alcalde, sin obtener respuesta.
“El alcalde está atrapado, víctima de sus propios actos, y pretende alegar como imposibilidad su propia negligencia o mala intención. Esto es directamente una afrenta del señor Parada al Poder Judicial”, concluyó.
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