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La familia de Gabriel Peña Cárdenas, menor de Puqueldón fallecido por presuntas negligencias médicas, presentó querella contra los profesionales del CESFAM y Hospital de Castro que le atendieron. El niño murió por un accidente cerebrovascular debido a una malformación congénita. La abogada de la familia confirmó la acción legal, buscando respuestas y justicia por la falta de servicio y negligencia.
La familia de Gabriel Peña Cárdenas, menor de Puqueldón que murió por presuntas negligencias médicas del CESFAM de esa comuna y el Hospital de Castro, presentó una querella contra todos los profesionales que atendieron al menor.
Recordemos que el niño de 10 años fue atendido en ambos recintos en más de una ocasión, siendo dado de alta al no detectarle la patología que le aquejaba en las alrededor de 4 oportunidades que asistió a los establecimientos de salud.
Finalmente, el menor murió por un accidente cerebrovascular por una malformación congénita que terminó en un edema pulmonar.
Al respecto, la abogada de la familia, María Legarreta, confirmó la presentación de la querella y detalló que está dirigida contra todos quienes resulten responsables. “Tanto el papá como la mamá se presentaron querellas a su nombre, representándolos como víctimas por el fallecimiento de su hijo Gabriel”, dijo.
“Estas querellas ya están presentadas en el Poder Judicial y lo que buscamos con esto es que se responda por las responsabilidades que puedan haber tenido por la falta de servicio, por la negligencia, específicamente por el delito de cuasidelito de homicidio y, además, nosotros como querellante, lo calificamos también en el delito de trato degradante por cómo fue tratado Gabriel”, explicó.
Cabe destacar que actualmente ya está en curso un proceso investigativo, liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) e instruido por el Ministerio Público.
La indagatoria está en principio enfocada en la médico que le atendió en el CESFAM de Puqueldón, quien está en calidad de imputada mientras duran las diligencias que fueron establecidas en un plazo de 300 días por el Tribunal.
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