En prisión preventiva quedó un nuevo imputado en la investigación denominada “Alto Voltaje”, con la que se desbarató a un grupo de personas que se estaba dedicando a exportar cobre robado a países del Asia.
La investigación inició en Puerto Montt y la Fiscalía está a cargo de la indagatoria que abarca siete regiones del país.
A principios de abril se realizó la audiencia de formalización del total de imputados, de los cuales ya van cinco en prisión preventiva, mientras que otros 9 permanecen con arresto domiciliario y, para 8, pesan cautelares de menor intensidad.
Asimismo, para todos está vigente la prohibición de comunicarse entre sí.
Los cargos que se han formalizado en esta causa son los de lavado de activos, asociación para cometer delitos, además de acciones de recepción, blanqueo, traslado y venta de los metales con origen ilegal en las regiones de Los Lagos, Los Ríos y del Bío Bío.
El juez de Garantía, Miguel García, dio por acreditados hechos expuestos por el Ministerio Público y querellantes representantes de empresas eléctricas.
“Tenían por finalidad que la suma de dinero así obtenida, con abultamiento o la integración de especies desconocidas en su origen, se integrasen luego esas sumas producto de las iniciales transacciones a un comercio formal configurando, sostiene fiscalía, un lavado de activos. Y ese rol del señor Pablo González, reitero, no fue aislado, sino que fue reiterado en un marco temporal objeto de investigación”, expuso García.
Se estima que el perjuicio fiscal por exportaciones se acerca a los 50 mil millones de pesos, además de ganancias por más de $800 mil millones.
De acuerdo a la Fiscalía, el cobre se facturaba como chatarra y la orgánica criminal estaba compuesta por dos familias. Por un lado, el denominado clan familiar de los González Almonacid, que se articuló en el sur de Chile y que operaba empresas dedicadas a la compraventa en Puerto Montt, Osorno, Valdivia y Concepción.
En las audiencias se ha detallado que se hacían de cobre gracias a técnicos de empresas telefónicas que retiraban cables, quedándose con un remanente que era blanqueado y sacado del país.
Como intermediario apareció Abdel Sukni, hermano de la reconocida abogada Helhue Sukni, quien habría servido de nexo con el brazo norte de la organización compuesta por los hermanos Varas Quezada, encargados de exportar a países del continente asiático.