Jaime Huincahue y Diego Ancalao, se habrían concertado para defraudar al Fisco y así obtener fondos destinados a solucionar problemas de tenencia irregular de pequeños propietarios agrícolas.
El Consejo de Defensa del Estado CDE presentó una querella contra Diego Ancalao, director de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), y Jaime Huincahue, representante legal de Corporación Kimün, por fraude al Fisco.
La fundación Kimün recibió cerca de 1.200 millones de pesos por un programa para regularizar la tenencia de propiedad de agricultores, sin embargo, el contrato se terminó por adelantado, luego que se conocieran una serie de irregularidades. En tanto que Diego Ancalao, como director de Fundelin partició en la compra “a bajo precio” de dos instituciones educacionales administradas por la Corporación Kimún.
Previo a su detención, Ancalao descartó tener vínculos con Kimún, y señaló que los establecimientos presentaban deudas, lo que justificaba el “bajo precio” de las adquisiciones.
Tras conocerse estos hechos, y la detención de ambos sospechosos, en sesión del Comité Penal del CDE, se acordó presentar una querella criminal en contra del imputado ya formalizado, Diego Ancalao, así como también de Jaime Huincahue, y en contra de quienes resulten responsables, por el delito de fraude al Fisco.
Además, aseguraron que la querella considera otros partícipes y/o delitos que se pudieran identificar, acreditar y determinar durante el curso de la investigación que desarrolla el Ministerio Público en la ciudad de Puerto Montt, relacionada al “caso Convenios”.
La decisión del órgano colegiado se funda en los antecedentes que, a la fecha, se han tenido a la vista de la carpeta investigativa y que darían cuenta de una serie de traspasos irregulares de dinero entre organismos estatales y fundaciones, en particular entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la mencionada Corporación.
En consecuencia, y de acuerdo los antecedentes revisados por el Consejo, los imputados Jaime Huincahue y Diego Ancalao, se habrían concertado para defraudar al Fisco y así obtener fondos destinados a solucionar problemas de tenencia irregular de pequeños propietarios agrícolas de la Región de Los Lagos.
Esto, bajo la apariencia de un convenio celebrado con el Gobierno Regional y la Corporación Kimün. Sin embargo, una vez que los fondos fueron transferidos a la citada Corporación, éstos habrían sido desviados a otros fines, provocando con ello un perjuicio fiscal que se estima en más de mil millones de pesos.
