El Servicio de Salud de Osorno presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables de haber pagado -durante la administración anterior-, entre 150 a 200 millones de pesos por obras que nunca fueron ejecutadas para hospitales interculturales.
La entidad denunció el eventual delito de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, cohecho y/o soborno, que estarían causando perjuicio fiscal, por lo cual el Consejo de Defensa del Estado también se hizo parte.
La acción judicial busca esclarecer irregularidades referentes a algunas partidas de los proyectos de reposición de los Hospitales interculturales de Misión San Juan y de Quilacahuin, inaugurados a principios de 2018, pero para lo cual, según detalla una revisión de cuentas realizada por la institución, se detectaron “pagos de elevadas sumas de dineros por supuestas obras, pero que nunca fueron ejecutadas por la empresa contratista”.
A raíz de ello, el director del Servicio de Salud Osorno, Marcelo Larrondo, interpuso una querella criminal en nombre de la institución, en contra de quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores por los eventuales delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, cohecho y/o soborno.
Al respecto, el jefe del Departamento Jurídico del Servicio, Gonzalo Arroyo, sostuvo que la acción judicial interpuesta por el director responde a que, una vez que asumió la actual administración, se detectaron aparentes irregularidades, lo que motivó una denuncia ante el Ministerio Público, y la actual querella.
Según se indica en la acción judicial “estos pagos por partidas pagadas pero no ejecutadas, más multas no cobradas, han provocado un perjuicio fiscal”.
La institución también requiere investigar si esos pagos fueron a parar a los bolsillos de algún privado o de funcionarios públicos, situaciones “que inciden en un perjuicio al patrimonio fiscal”, según indican.
Cabe consignar que el Ministerio Público mantiene una investigación en trámite, donde con la actual acción judicial el Servicio podrá ser interventor en la causa.
Por el caso la Fiscalía ofició al Consejo de Defensa del Estado, que también está realizando diligencias.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
