Durante esta jornada los tres acusados de robo masivo de ganado en la región de Los Lagos, se sometieron a una reformalización de cargos quedando en prisión preventiva.
De acuerdo a la investigación que lleva a cabo por abigeato y otros delitos el Ministerio Público, la banda delictual era supuestamente liderada por un funcionario activo de Gendarmería.
Anteriormente, otras dos audiencias de formalización y reformalización los tres acusados habían sido dejados solamente con reclusión domiciliaria total mientras dura la investigación.
En tanto, tras esta última formulación de cargos, el fiscal a cargo del caso, Daniel Alvarado, solicitó revisar la libertad del los imputados dado que, a su juicio, los antecedentes que pesan en su contra los transforman en un peligro para la sociedad.
“Vamos a seguir viendo el destino de los animales que fueron rematados en ferias y que no se han podido recuperar para establecer eventualmente la existencia de más delitos”, detalló el persecutor.
El magistrado coincidió con el fiscal en la existencia de un reproche mayor en la participación del gendarme, más en su calidad de líder de una banda criminal.
Por su parte, el abogado defensor de los imputados, Matías Cartes, insistió en que las medidas cautelares, que ya pensaban en contra sus representados, bastaban para garantizar la continuidad de la investigación. Indicando que apelarán a la prisión preventiva que dispuso el tribunal ante la Corte de Apelaciones.
“Consideramos que con el arresto domiciliario que ya tenían, no constituían un peligro para la seguridad de la sociedad. La idea de este defensor es apelar, porque consideramos que la prisión preventiva es desproporcionada y gravosa”, explicó el jurista.
Conversaciones de Whatsapp, videos y registros fotográficos encontrados en los celulares de los acusados, son parte de las pruebas que, hasta el minuto, sustentan la hipótesis del Ministerio Público y que esta jornada fueron exhibidos para solventar la petición de prisión preventiva.
En concreto, las conversaciones dan cuenta de la sustracción de los animales y posterior comercialización previa adquisición de facturas y aretes electrónicos, como parte de la cadena delictiva.
