Corte desestima apelación de Fiscalía y mantiene en arresto domiciliario a desaforado diputado Ojeda

El Pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco, en la región de La Araucanía, desestimó la apelación de la Fiscalía de pedir la prisión preventiva y mantuvo con arresto domiciliario total al desaforado diputado Mauricio Ojeda.

Recordemos que el parlamentario, exintegrante la bancada del Partido Republicano, está imputado por diversos delitos económicos en la arista manicure del caso Convenios, en el traspaso de $730 millones desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las Fundaciones Folab y Educc para realizar cursos que nunca se realizaron.

Además, se le impusieron otras cautelares: arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros co-imputados en la causa. Se trata de una decisión que valoró el defensor penal particular del parlamentario, Raul Pérez Cofre, que espera que Ojeda no vuelva a la cárcel.

“Lo tomamos de muy buena manera, con humildad y concentración. Por fin cerramos esta etapa, esperamos nosotros de manera permanente”, dijo.

Tras esta victoria ante la justicia, en una causa que todavía avanza, a través de redes sociales el propio Mauricio Ojeda dijo que “se terminó la persecución” y que después de todo lo vivido, redactará dos libros para contar, según dice, “verdades que duelen” y para luchar para que en Chile no se persiga injustamente a inocentes.

En paralelo a esto, en la arista que involucra a la Fundación Local, se formalizaron y reformalizaron cargos en contra de diversos imputados por el traspaso de $2 mil millones desde el GORE La Araucanía a dicha entidad para realizar proyectos de gestión de residuos domiciliarios.

Convenios que están en cuestionamientos porque sus directivos son integrantes de círculo cercano del exgobernador Luciano Rivas, que llegó al cargo como independiente en cupo de Evópoli y donde funcionarios habrían realizado gestiones para entregar los fondos.

Uno de los que aparece —nuevamente— en la lupa es el exjefe de gabinete del exgobernador Rivas, Juan Pablo Leonelli Lepín, quien fue formalizado y sobre quien se pedirá la prisión preventiva, tal como lo confirmó el fiscal Carlos Cornejo.

En esta causa también son perseguidos penalmente otros funcionarios del GORE y directivos de Fundación Local y que fueron formalizados: Susan Alarcón, exjefa de la División de Fomento e Industria del GORE, que hoy se encuentra en prisión preventiva; además de Andrés Albornoz, Héctor Troncoso, Katherine García, Víctor Albornoz, Paula Galleguillos, Manuel Mora Chepo y Andrea Moraga.

Se trata de una audiencia que continuará este miércoles a partir de las 14 horas con el descargo de las defensas.