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Años después de aquel 18 de octubre de 2019, las cicatrices de la crisis social siguen estando presentes en nuestras comunas y barrios. Quienes ejercíamos como alcaldes durante esos días no vivimos el fenómeno desde la distancia de una discusión teórica o de televisión; nos tocó estar en la primera línea de la gestión local, resguardando la convivencia diaria y viendo cómo el malestar acumulado impactaba de golpe la vida de miles de familias.
En Lo Prado vivimos esa sacudida muy de cerca. La quema de la estación de Metro San Pablo y la transformación del eje San Pablo/Neptuno en una suerte de «zona cero» no ocurrieron en el vacío.
Ese territorio agrupaba a vecinos y vecinas con historia en la antigua comuna de Las Barrancas, personas de trabajo que encarnaban demandas sociales legítimas y postergadas por décadas en pensiones, salud, transporte y dignidad.
Reducir toda esa convulsa expresión popular a un simple «estallido delictual» no solo representa una ignorancia supina de la realidad social de nuestro país, sino también la ceguera ideológica de sectores que prefieren no mirar las causas profundas del malestar.
Sin embargo, el diagnóstico social no nos debe nublar la vista sobre la otra cara de la moneda. Lo que ocurrió posteriormente con el aprovechamiento de esa vulnerabilidad institucional por parte de bandas organizadas y el crimen organizado es inaceptable y requiere una condena transversal y sin matices.
En momentos críticos como ese, la política chilena en su conjunto —y ciertamente el mundo progresista— enfrentó tensiones y ambigüedades, pero quienes defendemos el orden democrático sabemos que la violencia destructiva nunca puede ser un método válido de acción política ni una vía para resolver las demandas sociales.
Como alcalde, viví junto a la comunidad momentos de profunda angustia. No había respiro para las vecinas y vecinos aledaños a los focos de violencia extrema. Vi amenazada la tranquilidad de los pequeños comerciantes, la seguridad de los trabajadores, la infraestructura municipal, la 44ª Comisaría de Carabineros y la integridad del mobiliario urbano que tanto esfuerzo cuesta construir en comunas con recursos limitados. Nada de aquello fue menor: se fracturó la convivencia cotidiana y se dañaron severamente las confianzas mínimas en las instituciones.
Por eso resulta tan riesgoso y deshonesto el relato que algunos sectores de extrema derecha intentan instalar al calificar este periodo como un «golpe de Estado». Ignorar los conceptos políticos básicos para promover la teoría del empate solo busca normalizar y relativizar el hecho más doloroso de nuestra historia reciente: el Golpe Militar de 1973. Parece increíble que hoy existan sectores que aún pretendan validar o justificar el fin de la democracia en nuestro país.
A la fecha, el país sigue en deuda. Aún no existe una explicación madura e integradora de lo que ocurrió el 18 de octubre y, lo que es peor, la enorme mayoría de las demandas sociales que movilizaron a millones de personas siguen sin una respuesta concreta.
La tarea de la política y de las instituciones no es reescribir la historia a conveniencia, sino hacerse cargo del malestar, recuperar la paz social con justicia y reconstruir una confianza institucional que garantice la tranquilidad y el bienestar de nuestras familias.
