El deber cumplido y el futuro de la paz: una mirada a 7 años de la crisis que amenazó la democracia

Siete años han transcurrido desde aquel octubre de 2019, una fecha que quedó marcada de forma indeleble en la memoria colectiva de nuestro país. No podemos, ni debemos, olvidar aquellos días de profunda incertidumbre, violencia desatada y vandalismo sistemático que pusieron en jaque nuestra convivencia nacional y las bases de nuestra República.

Ningún país merece ver amenazada su estabilidad democrática de la noche a la mañana, y bajo ninguna circunstancia el odio, la intolerancia o la destrucción material pueden ser considerados o amparados como manifestaciones legítimas de la ciudadanía. Cuando el desorden y el caos se imponen por sobre el respeto y las leyes, se vulneran directamente los derechos fundamentales de las personas y se pone en un riesgo crítico el Estado de derecho.

La magnitud de este impacto no solo fue política, sino que se tradujo en una devastación tangible que desarticuló las ciudades. Fuimos testigos de graves e irreparables daños materiales al mobiliario público, la destrucción y quema de edificios patrimoniales que albergaban nuestra historia, e indignantes ataques a monumentos e iglesias. El motor económico de muchos barrios se apagó debido al asedio constante al comercio local, destruyendo el esfuerzo de miles de emprendedores y familias.

Asimismo, la infraestructura crítica sufrió embates sin precedentes que afectaron de manera directa a los trabajadores, destruyendo el transporte público y, de forma emblemática, las estaciones del Metro de Santiago, reconocido internacionalmente como uno de los sistemas subterráneos más modernos y eficientes del mundo.

Estas acciones vandálicas e irracionales resultaron en la alteración por 165 días de la vida cotidiana, el libre tránsito y la tranquilidad de todos nuestros compatriotas, quienes vieron secuestrada su normalidad y mermada su calidad de vida.

“Sin orden no hay paz y sin paz abunda el caos y la anomia”

Chile resistió momentos de extrema complejidad donde la estructura misma del Estado se vio al límite. En medio de esa atmósfera de agresión permanente y deslegitimación discursiva, Carabineros de Chile se erigió como la delgada línea verde de contención, la última barrera para sostener la estabilidad institucional y proteger a la ciudadanía indefensa.

Pese a no contar en ese momento con las herramientas legales suficientes, ni el equipamiento técnico adecuado para enfrentar una violencia de características insurreccionales, miles de hombres y mujeres de la institución arriesgaron diariamente su integridad personal, familiar y laboral por cumplir con su mandato constitucional.

Hoy, el costo humano sigue siendo altísimo: muchos de esos funcionarios aún enfrentan largos, desgastantes y complejos procesos judiciales que transformaron sus proyectos de vida para siempre, a pesar de que en aquel escenario límite no tenían otra opción más que cumplir con su deber sagrado de mantener el orden público y resguardar la seguridad de la nación.

El paso del tiempo, lejos de diluir los hechos, nos obliga a una profunda reflexión y, sobre todo, a un acto de estricta justicia y gratitud. Vaya desde aquí un reconocimiento sincero, firme y sin ambigüedades a cada carabinero que, pese a las agresiones físicas directas, los cuestionamientos públicos desmedidos de ciertos sectores y las agresivas campañas de desinformación —que el tiempo y la justicia han ido aclarando y desmontando en su justa medida—, nunca bajó los brazos ni abandonó su puesto de servicio. Su resiliencia salvaguardó los pilares de la República cuando la violencia intentó refundar el país por la fuerza.

La gran lección que el Estado de Chile debe rescatar y asimilar a siete años de estos dolorosos acontecimientos es que la paz social y la estabilidad democrática no pueden, ni deben, descansar exclusivamente sobre los hombros de una sola institución policial. Proteger la democracia requiere un compromiso firme, unánime y sin complejos de todos los poderes y órganos del Estado.

Olvidar lo vivido, o pretender relativizar la violencia del pasado, nos expone peligrosamente a cometer los mismos errores. Chile necesita hoy más que nunca instituciones preparadas, modernizadas, pero sobre todo respaldadas jurídicamente y políticamente por la autoridad, capaces de asegurar de manera preventiva que ninguna minoría violenta e ideologizada vuelva a amenazar los derechos, la libertad y la paz de la gran mayoría de los chilenos.

Que la historia reciente nos sirva de advertencia para fortalecer nuestra institucionalidad y cuidar, con el esfuerzo y la firmeza de todos, la convivencia pacífica de nuestra patria.