Si hacemos memoria, todos sabemos dónde estábamos la tarde del 18 de octubre de 2019. Algunos en un paradero donde ya no pasaba ninguna micro. Otros caminando kilómetros para llegar a la casa entre el humo de las barricadas y el caos total. Otros, intentando comunicarse con quienes no habían llegado a la casa. Todos vimos por televisión cómo ardían 50 estaciones del Metro que habían tomado años en construirse. Y en medio de ese caos había hombres y mujeres que simplemente no pudieron volver a sus casas: los Carabineros de Chile.

Siete años después, hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que comenzó ese día no fue un despertar ni una fiesta ciudadana. Fue un estallido delictual. Fue el saqueo de supermercados y pymes, la quema de iglesias, el ataque sistemático a cuarteles policiales y la destrucción de lo que era de todos. Y fue, sobre todo, el momento en que un sector político decidió que esa violencia le servía.

Mientras algunos romantizaban a la “primera línea” y la aplaudían a rabiar cuando entró al Congreso, la verdadera primera línea fue otra. Según cifras de la propia institución, entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 resultaron heridos 4.817 carabineros y hubo 544 ataques a cuarteles. Detrás de cada número hay una familia que esperaba despierta. Hay turnos interminables, piedras, molotovs y un insulto convertido en consigna en los muros de todo Chile.

¿Y cuál fue la respuesta de la izquierda a esos hombres y mujeres? Pedir su refundación. “Refundar Carabineros ahora”, escribía en febrero de 2021 quien luego sería Presidente de la República, y esa misma promesa quedó estampada en su programa de primera vuelta. No se trataba de corregir errores; se trataba de demoler una institución que es columna vertebral del Estado de Derecho, solo porque se interponía entre la violencia y el poder.

Bastó llegar a La Moneda y enfrentar la ola de crimen para que ese discurso desapareciera. De la refundación pasaron a la reforma, y de la reforma a pedirles a esos mismos carabineros que los protegieran. Esa voltereta no fue un aprendizaje. Fue la prueba de que atacaron a Carabineros sin medir las consecuencias.

Esto es lo que no podemos olvidar. Hubo una izquierda que vio en el fuego una oportunidad. Diputados que llamaron a evadir. Dirigentes que convirtieron a la primera línea en héroes. Otros que condenaban la violencia, pero siempre con un “pero”. Y algunos que, hasta el día de hoy, han sido incapaces de condenarla.

Mientras tanto, hubo líderes que guardaron un silencio por complicidad o simplemente por temor mientras se saqueaba la farmacia del barrio, panaderías o supermercados. Validaron la violencia como forma de acción política, y eso es lo más grave que se puede hacer en una democracia.

Y lo hicieron con algo todavía más triste: usando los miedos y las precariedades reales de millones de chilenos. La angustia por pensiones bajas, por deudas de estudio, por listas de espera interminables. Esos dolores eran reales. Pero en vez de resolverlos, los convirtieron en combustible electoral.

Porque hay que decirlo con la misma claridad: no todos los que salieron a la calle esos días buscaban destruir. Hubo miles de chilenos que marcharon en paz, muchos por primera vez en su vida, con sus hijos, con una bandera y con una esperanza. Personas que sentían que el esfuerzo de toda una vida no alcanzaba y que, por fin, alguien las iba a escuchar.

A ellos también los usaron. Se subieron a su causa para llegar al poder y, una vez ahí, los dejaron con las manos vacías. Siete años después, muchos siguen esperando. Y a la frustración de la promesa incumplida se suma algo peor: ver cómo su esperanza legítima quedó confundida con el fuego de otros.

Prometieron subir las pensiones, y fue nuestro gobierno el que creó la PGU. Prometieron condonar el CAE, aun cuando sabían que era imposible. Prometieron una Constitución que lo cambiaría todo, y los chilenos la rechazaron. Lo único que sí cumplieron con rapidez fue indultar a condenados por delitos del estallido y entregar pensiones de gracia a 418 personas, algunas con antecedentes que nada tenían que ver con una causa social. Para los que quemaron hubo perdón. Para los que esperaban soluciones, excusas.

El Chile que vino después de octubre es otro, y no es mejor. Después de décadas en que Chile crecía y era ejemplo en la región, desde 2019 terminamos de estancarnos. En las semanas siguientes al estallido, según el propio Ministerio del Trabajo de la época, más de 140 mil personas perdieron su empleo. Barrios completos del centro de Santiago y de regiones nunca se recuperaron.

Y algo se rompió en la convivencia. Se instaló la idea de que quien grita más fuerte o quema más tiene la razón, y de que la autoridad es el enemigo. Esa idea abrió la puerta a un deterioro de la seguridad que hasta hoy pagamos todos los chilenos.

Por eso, este viernes 16 de octubre, los partidos de derecha firmamos en el ex Congreso Nacional el compromiso “Chile sin violencia”. En la UDI lo impulsamos porque creemos que el orden no es de derecha ni de izquierda: es de sentido común. Y porque creemos en un Estado de Derecho sin apellidos, donde la ley se respeta siempre, no según quién gobierne.

A quienes justificaron la violencia les queda una deuda pendiente: con Chile, con cada carabinero que puso el cuerpo mientras otros ponían tuits, y con cada chileno que marchó de buena fe y recibió excusas en vez de respuestas.

Esa deuda no se paga con silencios ni con cambios de discurso oportunos. Se paga reconociendo, sin letra chica, que se equivocaron y pidiendo perdón. Condenando tanto la quema del Metro, de las farmacias y de miles de emprendimientos que cerraron sus puertas para siempre. Deben comprometerse a que nunca más se va a permitir la humillación de “el que baila pasa”, o la destrucción de Baquedano o la violencia de la barricada.

Este 18 de octubre no hay nada que conmemorar. Hay que recordar lo que fue: un estallido delictual, que algunos aplaudieron y del que otros sacaron provecho. Y hay que asegurarnos de que nunca más un grupo pequeño, violento y organizado, ni quienes le dan cobertura política, le imponga su voluntad a la gran mayoría que solo quiere trabajar, vivir tranquila y sacar adelante a su familia.