Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
Siete aserraderos de las regiones del Bío Bío y La Araucanía fueron formalizados por la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía por receptación de madera robada a fundos de Forestal Mininco en Galvarino y Collipulli. Empresas como Laminadora Los Ángeles S.A. y Procesadora de Madera Los Ángeles S.A. (PROMASA) habrían adquirido ilegalmente la materia prima, con PROMASA prefiriendo mantener el proceso en curso tras haber adquirido más de 2.300 m³ de madera robada. Se logró suspensión condicional para seis empresas que aportarán a escuelas rurales, siendo la primera vez que se imputa a personas jurídicas en Chile por este delito.
Siete aserraderos de las regiones del Bío Bío y La Araucanía fueron formalizados por la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía bajo cargos de receptación de madera, la cual fue robada a fundos de Forestal Mininco en las comunas de Galvarino y Collipulli.
Se trata de las empresas Laminadora Los Ángeles S.A., Forestal Javier Pezoa EIRL, Inversiones Rayenco Ltda., Maderas Río Blanco SpA, Aserraderos Los Castaños Ltda., Servicios Forestales Rosario Ltda. y Procesadora de Madera Los Ángeles S.A. (PROMASA), las cuales durante 2022 habrían receptado la materia prima adquirida ilegalmente, siendo procesadas también las personas naturales que efectuaron la transacción en representación de ellas.
Las seis primeras de esas compañías accedieron a una suspensión condicional del procedimiento, comprometiéndose a aportar más de 80 millones de pesos a escuelas rurales de Galvarino, mientras que la última -que según la investigación adquirió más de 2.300 m³ de madera robada, por un monto superior a $144 millones- prefirió mantener el proceso en curso.
Es la primera vez en Chile que se imputa a personas jurídicas por este tipo de delito, recordó la Fiscalía, habiendo sido ya condenados a 5 años de presidio por hurto y asociación ilícita para la sustracción de madera Miguel Terán Carrasco y Emanuel Espinoza Contreras, sindicados como cabecillas de la organización criminal.
“El objetivo fue romper la cadena de producción del delito y no solo perseguir a quienes sustraen la madera, sino también a quienes la compran sabiendo —o no pudiendo menos que saber— su origen ilícito”, explicó el fiscal Enrique Vásquez. Añadió que la investigación permitió identificar a 10 empresas, de las cuales 7 ya fueron formalizadas y 3 serán formalizadas próximamente.
Cada empresa fue imputada junto a la persona natural que, en su representación, gestionó la compra de madera. “Estamos ante un hito relevante: se trata de la primera formalización contra personas jurídicas por un delito determinado. En este caso, por receptación”, sostuvo el fiscal.
En cuanto a Promasa, anticipó que “esperamos presentar acusación en su contra. En concreto, la investigación continúa respecto de la persona natural que adquirió de madera directa la madera sustraída, y también respecto de la empresa que no tomó las precauciones a efectos de no cometer delito”.
En tanto, René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), junto con valorar esta indagación, aseveró que los responsables deben responder ante la justicia.
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Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
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