Equipos y documentos incautó la Policía de Investigaciones en dependencias de la Fundación Creseres, en el marco de la indagatoria que surgió tras la denuncia del diputado Mauricio Ojeda porque la organización comparte terreno con el domicilio de la delegada presidencial de Malleco, Andrea Parra.

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó las dependencias de la Fundación Creseres, emplazada en el mismo terreno donde está el domicilio de la delegada presidencial de Malleco, Andrea Parra.

La diligencia surge tras la denuncia que realizó el diputado Mauricio Ojeda, luego que se conociera que ambos inmuebles presentan la misma dirección, por lo que pidió investigar eventuales irregularidades.

Las dudas del parlamentario respecto a la presunta vinculación entre la autoridad y la fundación surgió luego del robo de un vehículo que sufrió Parra, hecho que denunció la afectada, pero también la fundación, quedando en evidencia que ambos comparten el mismo terreno en la comuna de Angol.

Tras la apertura de esta causa por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad, las primeras diligencias ordenadas fue incautar información relevante en este caso.

En ese contexto, detectives de la Policía de Investigaciones acudió al domicilio de la delegada, quien accedió voluntariamente el ingreso de los funcionarios, mientras que la fundación se negó al procedimiento.

Incautan equipos y documentos en fundación

Ante la negativa, con orden judicial en mano, los funcionarios ingresaron a las dependencias, incautando principalmente equipos electrónicos y documentación.

El fiscal regional, Roberto Garrido, informó que también se acordó la toma de declaración de la delegada Andrea Parra.

Sobre el procedimiento, la autoridad que representa al gobierno en la provincia de Malleco calificó la denuncia del diputado Ojeda de delirante y reiteró que no hay ninguna irregularidad: “La casa de la fundación, que son mis vecinos, tiene la misma dirección igual que la tercera casa, que es la mía y que arriendo”, explicó y añadió que tiene documentos que demuestran que ella no tiene ningún vínculo con la fundación.

Esta es una de las tres causas que abrió el Ministerio Público tras el caso conocido como fundaciones y que también salpicó al gobernador regional, Luciano Rivas.