El líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul, presenta seis causas que han terminado en juicio, los que van desde el 2001 hasta el 2011. El proceso de Llaitul muestra en detalles las condenas que ha recibido, las modificaciones a las sentencias, reducciones de pena y beneficios que consiguió -mientras realizaba huelgas de hambre-.
Durante la mañana de este jueves el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul pasará a la audiencia de control por delitos contra la Ley de Seguridad del Estado, quien además presenta un historial de causas que han terminado en juicio.
Cabe recordar que Llaitul ayer miércoles fue detenido en la comuna de Cañete al interior del restaurante “El Viajero”.
La primera ocurrió en el 2001 y fue condenado por la Corte de Apelaciones de Concepción por el sistema antiguo a 541 días de cárcel por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado.
En 2007 fue condenado por el Tribunal Oral de Concepción por porte ilegal de arma de fuego, tras ser detenido en febrero de ese año en Concepción con un revólver Taurus 9 mm, además de un cargador con 10 tiros y 53 balas. Fue sentenciado a cancelar una multa de 11 UTM que equivalen a $646.492, usando el valor de la UTM con fecha de agosto 2022.
Asimismo, fue imputado por un atentado incendiario de maquinaria agrícola en el fundo Las Praderas de Cholchol en la región de La Araucanía, ocurrido el 25 de diciembre de 2006, sin embargo, en el juicio desarrollado en el Tribunal Oral de Temuco en 2008 resultó absuelto.
Homicidio frustrado contra fiscal
El 22 de marzo de 2011 fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete a diez años y un día de presidio por robo con intimidación, más 15 años y un día por homicidio frustrado en contra de un fiscal adjunto del Ministerio Público, y de lesiones graves en contra de personal de la Policía de Investigaciones. Todos los delitos cometidos en la comuna de Tirúa en la región del Bío Bío, el 16 de octubre de 2008.
En junio de 2011 esta condena fue modificada por la Corte Suprema, que -acogió en parte las alegaciones de su defensa y dictaminó mantener la pena de diez años y un día por el robo con intimidación- y rebajarla a cuatro años y un día, al dictar sentencia de reemplazo en cuanto a los ataques al fiscal y a los funcionarios de la PDI.
En 2015 fue beneficiado con la libertad condicional.
En 2017 su defensa consiguió reducir la pena de diez años y un día por el robo con intimidación a cinco años y un día, esto a partir de una interpretación de la Ley Corta Antidelincuencia, que eliminó la agravante que se aplicaba a personas imputadas y que delinquían en grupo. De esta manera se le dio la pena por cumplida.
