La Corte Suprema acogió tres recursos de casación interpuestos por organizaciones opositoras al proyecto minero portuario Dominga, ordenando al Tribunal Ambiental que se pronuncie nuevamente, esta vez refiriéndose al fondo de los reclamos emitidos por los ambientalistas.
En paralelo, el tribunal rechazó parcialmente un recurso de la empresa propietaria del proyecto que busca emplazarse en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, Andes Iron, vinculada a la familia Délano y Garcés.
Según el fallo del máximo tribunal, la corte medioambiental deberá pronunciarse respecto del “carácter completo de los antecedentes del proyecto y la estricta evaluación ambiental del mismo y la refutación de los antecedentes técnicos esgrimidos por el comité de ministros para rechazar el proyecto”.
Para esto “el Primer Tribunal Ambiental, a través de ministros no inhabilitados, conocerá y decidirá el fondo del asunto debatido, vinculado a las materias respecto de las cuales se omitió pronunciamiento, esto es, el carácter completo de los antecedentes del proyecto y la estricta evaluación ambiental del mismo y la refutación de los antecedentes técnicos esgrimidos por el Comité de Ministros para rechazar el proyecto Dominga”.
Rechaza parcialmente recurso de Andes Iron
En cuanto al recurso de la empresa, “se rechaza el segundo capítulo de la reclamación deducida por Andes Iron SpA, vinculados a la denuncia de vicios formales en la tramitación de las reclamaciones administrativas y en el pronunciamiento del Comité de Ministros”.
El caso se originó luego que la iniciativa fuera rechazada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y por el Comité de Ministros.
La empresa asegura que creará 10 mil puestos de trabajo directos y 1.450 en operación, proyectándose una vida útil estimada de 26 años y medio.
Una iniciativa “inviable”
Opositores al proyecto minero valoraron el fallo de la Corte Suprema, afirmando que la decisión vuelve la iniciativa “inviable”.
El abogado litigante en la causa, que representa a la organización gremial de pesadores y mariscadores de Los Choros, Diego Lillo, argumentó que el análisis del Tribunal Ambiental podría volver a ser impugnado, pudiendo extender el juicio por 5 años más.
La empresa responde
Tras el fallo, el presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, manifestó que “valoramos positivamente, tal como lo dispone la sentencia del máximo tribunal del país, que los tribunales ambientales deban pronunciarse sobre el fondo de los aspectos jurídicos ambientales del proyecto, pues tenemos plena confianza acerca del carácter completo, exhaustivo y sólido de la evaluación ambiental que se hizo a Dominga”.
El alto ejecutivo sostuvo que “tenemos la convicción que las características de este proyecto son plenamente compatibles con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en lo relativo a la protección del medio ambiente y a la biodiversidad existente en la zona, así como cumple totalmente con la legislación nacional medioambiental”.
