La Fiscalía formalizó a un abogado de 46 años, exprofesional del Servicio de Salud de Antofagasta (SSA), por su presunta responsabilidad en una serie de delitos contra la probidad pública registrados entre 2023 y 2024.
El imputado fue formalizado por fraude al Fisco, estafa procesal, prevaricación, falsificación de instrumento público y usurpación de nombre.
Recordar que el hombre había sido detenido durante la jornada del jueves por funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, en cumplimiento de una orden emanada del Ministerio Público.
El procedimiento también contempló una autorización judicial para ingresar a un inmueble, registrar dependencias e incautar especies.
Presunto plan para obtener $13 millones
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, entre junio y diciembre de 2023 el abogado habría accedido a información privilegiada respecto de cinco depósitos efectuados por el Servicio de Salud de Antofagasta en la cuenta corriente del Juzgado de Letras de Calama, por un monto total cercano a los $13 millones.
Según la Fiscalía, dichos depósitos no contaban con una causa o motivo claramente identificado. A partir de esa información, el imputado habría diseñado un plan para intentar apropiarse de esos recursos.
Para ello, presuntamente habría promovido una demanda de tutela de garantías contra el propio Servicio de Salud de Antofagasta.
La particularidad del caso, según la investigación, es que el mismo abogado habría representado al SSA en ese procedimiento, por lo que posteriormente habría gestionado un avenimiento en el que el servicio se comprometía a pagar los $13 millones para poner término al litigio.
Para concretar la maniobra, el profesional habría involucrado a un tercero, quien asumiría el rol de demandante y posteriormente recibiría el dinero en su cuenta bancaria para luego transferirlo a una cuenta personal del imputado.
La Fiscalía sostiene que las transferencias efectivamente se realizaron entre enero y febrero de 2024.
Denuncia permitió iniciar investigación
Los hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público en octubre de 2024, luego de una denuncia efectuada por la persona que recibió las transferencias y que actualmente figura como víctima en la investigación.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal Cristian Aguilar Aranela solicitó la prisión preventiva del imputado, argumentando la cantidad y gravedad de los delitos atribuidos, además de la forma en que estos habrían sido cometidos y los bienes jurídicos que se habrían vulnerado.
Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazó la prisión preventiva y decretó en su lugar arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas.
El tribunal estableció un plazo de 120 días para la investigación, período durante el cual el Ministerio Público deberá desarrollar nuevas diligencias para determinar la eventual participación del exabogado del SSA en los hechos.
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