Una contundente ofensiva legal y ambiental asumió la Asociación Indígena Atacameña de Regantes y Agricultores de Toconao, junto a dos personas naturales, al presentar una reclamación formal ante el Primer Tribunal Ambiental en contra de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). La acción judicial, acogida a trámite por los ministros del tribunal nortino, solicita dejar definitivamente sin efecto la resolución que calificó favorablemente el proyecto minero “Exploraciones Aida”, de la empresa Minera Plata Carina SpA.
De acuerdo con los argumentos de los reclamantes, la autoridad ambiental incurrió en una transgresión grave al resolver la aprobación del proyecto sin considerar debidamente las observaciones ciudadanas formuladas formalmente por la comunidad durante el correspondiente procedimiento de evaluación.
El cuerpo del libelo judicial advierte con preocupación que las faenas industriales pretendidas se emplazarían en una zona de extrema sensibilidad ecológica, colindante a áreas protegidas de nivel internacional como el Sitio Ramsar Salar de Tara y la Reserva Nacional Los Flamencos.
Los agricultores y regantes locales advierten sobre un riesgo inminente de afectación y daño irreversible en los acuíferos y aguas subterráneas de la cuenca, producto de las perforaciones y sondajes de prospección profunda contemplados.
Los cuestionamientos técnicos apuntan de manera directa a la subsistencia de las vertientes naturales que alimentan el caudal del río Jere, recurso hídrico estratégico y vital que utiliza la comunidad de Toconao de forma diaria para sostener sus actividades agrícolas, ganaderas y de consumo humano tradicional.
A la par de las alarmas hídricas, la reclamación sostiene que la intervención del desierto generará impactos perjudiciales sobre la flora y fauna nativa, interrumpiendo corredores biológicos clave y dañando de forma crítica especies de alto uso etnobotánico y ceremonial tradicional del pueblo Lickan Antai, tales como la tola y la chachacoma.
Los comuneros argumentaron ante el tribunal que la minera pone en jaque prácticas culturales ancestrales vinculadas estrechamente al territorio, tales como la trashumancia, el pastoreo de animales y la agricultura local.
Como sustento técnico de la demanda, se expuso que la propia Dirección General de Aguas (DGA) formuló serios reparos al modelo hidrogeológico de la minera, advirtiendo severas incertidumbres sobre la interceptación de flujos que nutren las vegas y bofedales del sector, criticando que las medidas de mitigación propuestas por la firma privada poseen un carácter netamente reactivo que no descarta impactos significativos.
El cuestionado proyecto minero “Exploraciones Aida” tiene por objetivo desarrollar actividades de exploración minera mediante la habilitación de ocho plataformas de sondaje y la ejecución de perforaciones diamantinas en profundidad, labores pensadas para confirmar o descartar la presencia de cuerpos mineralizados comerciales en la comuna de San Pedro de Atacama, considerando una inversión estimada de un millón de dólares y un plazo de ejecución de tres meses.
Atendida la evidente vinculación jurídica y territorial del caso, el Primer Tribunal Ambiental determinó acumular esta causa junto a una reclamación previa ingresada el pasado 11 de mayo por la Comunidad Indígena Atacameña de Toconao contra el mismo dictamen del SEA.
Con esta unificación de expedientes, la judicatura ambiental continuará la tramitación de ambas demandas de forma conjunta, abriendo un escenario judicial clave para el futuro socioambiental de la Provincia de El Loa durante este 2026.
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