La Fiscalía Regional de Valparaíso registró en septiembre el menor cumplimiento del país en una meta de persecución penal: 17%. Un informe interno de octubre consigna caídas en sentencias condenatorias y alzas en archivos provisionales. En paralelo, el concurso para suceder a Claudia Perivancich enfrenta una acción judicial que en las últimas horas la Corte de La Serena acogió un recurso de protección que podría terminar por paralizar el proceso.
El próximo fiscal regional de Valparaíso asumirá una institución bajo presión por sus malos indicadores de persecución penal, mal clima laboral interno y, en medio de un proceso en que los ojos miran la extraña relación entre algunos integrantes de la Corte de esa zona y miembros del Ministerio Público.
La actual fiscal regional, Claudia Perivancich, dejará el cargo el 29 de diciembre próximo, al concluir su período de ocho años. Los documentos internos a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío, que corresponden a octubre pasado, muestran retrocesos en condenas y aumentos en archivos provisionales.
Dentro de los informes está el que mide la Meta 1 de la Fiscalía Regional, definida por la Fiscalía Nacional, Angel Valencia. En delitos focalizados, los que la institución prioriza por su gravedad, el indicador regional de Valparaíso de sentencias definitivas condenatorias cae 52,27% en procedimientos abreviados, 22,22% en ordinarios y 1,70% en simplificados, respecto del período anterior.
En delitos no focalizados, los descensos son de 61,44% en procedimientos abreviados, 24,58% en ordinarios y 0,31% en simplificados. En los procedimientos monitorios, en cambio, el indicador sube 7,30%.
Mar de sangre e impunidad
Los retrocesos también aparecen en las fiscalías locales de Valparaíso y San Antonio. En la primera, las sentencias condenatorias por delitos focalizados caen 89,43% en procedimientos abreviados, 37,03% en ordinarios y 37,46% en simplificados. En San Antonio, los dos primeros indicadores bajan 25,67% y 20,07%, mientras que el de procedimientos simplificados aumenta 38,02%.
El documento interno registra, además, aumentos de archivos provisionales en causas con imputado conocido. En el promedio regional, suben 2,56% en delitos focalizados y 10,40% en los no focalizados. En Valparaíso, las alzas son de 4,53% y 14,91%; en San Antonio, de 0,26% y 21,27%, respectivamente. Estos porcentajes expresan variaciones frente al período anterior, de acuerdo con las referencias de la propia tabla.
Números rojos para Perivancich
Pero al informe de octubre se suma a una alerta previa. En un correo del 26 de octubre, la División de Estudios, Evaluación y Análisis Avanzado de Datos de la Fiscalía Nacional informó que, a septiembre, Valparaíso registraba 17% de cumplimiento en la meta institucional “Fuerza para perseguir la criminalidad”, el porcentaje más bajo del país. El promedio nacional figuraba entre 56% y 57%, según el texto y la tabla adjunta.
Según pudo establecer el equipo de la Unidad de Investigación de Bío Bío, Perivancich reenvió la información a funcionarios de la institución y pidió planes de contingencia para mejorar los indicadores antes de fin de año. También llamó a revisar el ingreso oportuno de sentencias y los criterios para decretar archivos provisionales, en especial en causas con imputado conocido.
“Preocupa que, en varias fiscalías, estas salidas hayan aumentado considerablemente en lugar de disminuir”, escribió.
Cinco exclusiones, cuatro reincorporaciones y una acción pendiente
La disputa por la sucesión también tuvo un vuelco. El 6 de noviembre, el pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó fuera a cinco de los 11 postulantes al cargo.
La decisión se basó en observaciones a los antecedentes presentados: entre ellas, certificados de antecedentes para fines particulares en vez de fines especiales, documentos relativos a la calidad de abogado y omisiones en declaraciones juradas. En el caso de Greta Fuchslocher, la mayoría estimó que su matrimonio con el fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez, constituía una incompatibilidad.
La decisión inicial dejó habilitados a seis postulantes: Osvaldo Basso, María José Lecaros, Gonzalo Marks, Víctor Hugo Núñez Escalona, Elizardo Tapia y José Antonio Uribe. Dos integrantes del pleno estuvieron por dar a los candidatos observados un plazo para subsanar o completar sus antecedentes.
El miércoles 11 de noviembre, la Corte acogió por unanimidad las solicitudes de reconsideración presentadas por el fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, el fiscal regional Mario Carrera, Samuel Núñez y Fred Silva. Bravo y Carrera fueron representados en esta etapa por el abogado Gabriel Osorio. El tribunal tuvo por acompañados los documentos y declaró admisibles las cuatro postulaciones, por lo que sus nombres se reincorporaron al concurso y a la audiencia pública del lunes 16 de noviembre.
La quinta excluida, Greta Fuchslocher, tomó otra vía. Presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena para impugnar su exclusión y pidió una orden de no innovar (ONI) que suspenda el concurso mientras se resuelve la acción. Su argumento es que la eventual incompatibilidad por estar casada con otro fiscal debería examinarse si llega a ser nombrada, no impedirle postular; su cónyuge, según su defensa, había solicitado trasladarse a otra jurisdicción.
Al cierre de esta nota, la Corte acogió el recurso de protección y pidió 8 días a sus pares de Valparaíso para remitir los antecedentes que obran para la toma de decisiones.
La Corte de Valparaíso debe escuchar a los postulantes habilitados y confeccionar una terna que enviará a la Fiscalía Nacional, siempre y cuando La Serena no suspenda el proceso. El fiscal nacional elegirá al nuevo titular, cuyo período comenzará cuando Perivancich deje el cargo el 29 de diciembre. La audiencia pública permanece fijada para el 16 de noviembre.
El principal riesgo es que la Corte conforme una terna que limite las opciones del fiscal nacional: una nómina de tres candidatos entre los cuales deba escoger, aunque ninguno represente su preferencia. En los pasillos de la corte de Valparaíso suenan con fuerza María José Lecaros, Gonzalo Marks, Víctor y Elizardo Tapia.
En el concurso para la Fiscalía Centro Norte, ya se habló de un “copamiento” al dejar fuera los nombres que contaban con la confianza de Ángel Valencia, dejando la terna integrada por Héctor Barros, Marcela Adasme y Francisco Jacir. Valencia finalmente nombró a Jacir. Ese antecedente muestra el peso que tiene la selección de la Corte.
En Valparaíso, el proceso añade un elemento de escrutinio. La presidenta de la Corte de Apelaciones es la ministra Silvana Donoso, hermana del abogado Samuel Donoso, quien es objeto de una investigación de la Fiscalía Regional por la arista del Caso Audio, relacionada con nombramientos judiciales.
En 2020, cuando Silvana Donoso enfrentó una acusación constitucional por su participación en la libertad condicional de Hugo Bustamante, condenado posteriormente por el crimen de Ámbar Cornejo, Luis Hermosilla declaró que Samuel Donoso habría realizado gestiones ante senadores para apoyarla.
La acusación fue aprobada por la Cámara y luego rechazada por el Senado. Silvana Donoso ha dicho que desconocía esas gestiones y que su hermano nunca le habló de ellas.
La Corte, presidida por Donoso, debe escuchar a los postulantes y confeccionar la terna; el nombramiento final corresponde al fiscal nacional. El futuro fiscal regional encabezará la institución que investiga a Samuel Donoso, circunstancia que vuelve especialmente sensible el proceso y puede intensificar la percepción de un eventual conflicto de interés.
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