Los niños que no importan

Hay niños que pasan tres, cinco o diez años separados de uno de sus padres. Crecen entre tribunales, psicólogos, peritajes y programas de reparación. Algunos terminan convencidos de haber sufrido abusos que nunca ocurrieron. Otros pierden el vínculo con un padre o una madre que, cuando finalmente consigue demostrar la falsedad de una acusación, descubre que la infancia de su hijo ya pasó. ¿Quién responde por ellos?

Desde hace unos días, el proyecto de ley que refuerza la protección integral de niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales y establece medidas de prevención y sanción de falsos informes y denuncias (Boletín 18.326-18) ha sido atacado desde distintos ángulos. Lo curioso es que buena parte de las críticas parece más preocupada de proteger la incuestionabilidad de las denuncias, metiendo con forceps el tema género, que de examinar los derechos de los niños afectados por aquellas que han sido deliberadamente fabricadas.

Hace una semana expuse ante la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados los resultados de mi investigación, publicada en el libro Falsas denuncias (Planeta, 2025). También intervino la Fundación Crianza Compartida, representada por Carolina Valenzuela.

Mi investigación documentó cerca de veinte casos, mediante expedientes judiciales, resoluciones, peritajes y entrevistas. Entre ellos, el de Jorge Tocornal, quien pasó diez años encarcelado tras una acusación de abuso sexual de la que su hijo se retractó siendo adulto. No fue el único caso que encontré. Después de publicar el libro, cerca de doscientas personas se mostraron dispuestas a identificarse y contar experiencias semejantes.

En menos de veinticuatro horas, la Fundación para la Confianza cuestionó el rigor de los antecedentes. Mi libro, sostuvo, no es una investigación científica. También cuestionó la falta de estadísticas sobre denuncias falsas.

Por supuesto que una investigación periodística no es un estudio estadístico. Tampoco pretende serlo. Pero los expedientes, las sentencias y los testimonios contrastados son evidencia de hechos concretos. ¿Desde cuándo necesitamos conocer el porcentaje exacto de víctimas para investigar una vulneración de derechos?

Durante años investigué los crímenes de la dictadura. Aprendí que los derechos humanos no se defienden por mayoría estadística. La cantidad de víctimas jamás ha determinado la gravedad de una injusticia. Resultaría absurdo sostener que un crimen merece menos atención porque afecta a una minoría.

Pero ya que hablamos de cifras, conviene aclarar algo. Los porcentajes de denuncias falsas que se repiten en esta discusión son estimaciones que no permiten establecer su verdadera magnitud en Chile. Lo que sí tenemos son cifras del Ministerio Público: entre 2018 y 2024 se registraron 107.838 hombres imputados por delitos sexuales y cerca de 49.456 causas terminaron en archivo provisional, en torno al 46% del universo de causas considerado. No sabemos cuántas corresponden a padres denunciados en conflictos familiares, ni cuántas son deliberadamente falsas. El archivo provisional tampoco demuestra falsedad per se, pero revela investigaciones que no reunieron antecedentes suficientes para avanzar si quiera a la etapa de formalización.

¿No podría haber entre ellas miles de denuncias fabricadas, como advierten jueces, funcionarios judiciales, abogados, madres, padres y peritos? Precisamente por eso necesitamos investigar, en lugar de tapar el sol con un dedo repitiendo porcentajes sin respaldo estadístico nacional. Porque detrás de esas cifras puede haber niños privados injustamente de sus familias. Y sus derechos no pueden depender de una estimación.

La Fundación para la Confianza, dirigida por José Andrés Murillo, también advierte que sancionar las denuncias falsas podría desincentivar las verdaderas. Pero esa posibilidad, que merece examinarse, no constituye por sí misma una demostración. Y omite una distinción elemental: una denuncia que no logra acreditarse no es necesariamente falsa. El proyecto no establece esa equivalencia.

Lo que propone es agravar las sanciones de determinadas falsedades cuando provocan la separación judicial de un niño de su progenitor. También busca responsabilizar al abogado que patrocina una denuncia conociendo su falsedad. Ahí aparece una de sus disposiciones más importantes y menos discutidas: por primera vez se propone sancionar expresamente a los titiriteros de estas operaciones.

Porque detrás de una denuncia deliberadamente fabricada puede haber mucho más que un adulto despechado. Encontré abogados que derivaban sistemáticamente a sus clientes a determinados psicólogos; informes pagados por las propias partes; profesionales que intervenían antes de formularse la denuncia y después sostenían durante años una misma versión de los hechos.

En ese mercado, un informe puede costar un millón y medio o dos millones de pesos. Y un abogado siempre puede buscar otro perito si las conclusiones del primero no le sirven. La independencia profesional termina sometida a una pregunta incómoda: ¿quién volverá a contratar al especialista que no entrega el resultado esperado?

El proyecto propone estándares metodológicos, contrastación de fuentes, evaluación de hipótesis alternativas y responsabilidades por informes falsos, manipulados o técnicamente deficientes. No son asuntos secundarios. Estamos hablando de documentos capaces de separar a un niño de su familia.

También están los Programas de Reparación en Maltrato, los PRM. Durante mi investigación encontré diagnósticos contradichos por intervenciones posteriores, informes que reproducían párrafos de otros casos y tratamientos prolongados durante años. Un sistema donde los organismos reciben financiamiento periódico por los niños atendidos exige controles especialmente rigurosos. La protección de la infancia no puede convertirse en un negocio que prospere mientras los vínculos familiares se deterioran.

Esta semana, el sociólogo Andrés Kogan añadió otra crítica desde Le Monde Diplomatique. En lugar de concentrarse en estas disposiciones, sitúa el proyecto dentro de una supuesta ofensiva antifeminista que buscaría recuperar la autoridad masculina.

Es una manera cómoda de discutir: vestir al mensajero con la ropa que conviene al adversario y después atacar el disfraz. ¿En qué parte de esta discusión desaparecieron los niños? ¿Desde cuándo exigir responsabilidad a un abogado o a un perito significa atacar los derechos de las mujeres? ¿Por qué investigar una acusación fabricada tendría que debilitar la persecución de un abuso verdadero?

Las víctimas reales necesitan investigaciones rigurosas. Las denuncias deliberadamente falsas también perjudican esa tarea: utilizan los mismos recursos, sobrecargan las instituciones y pueden destruir la credibilidad del sistema destinado a protegerlas. Por supuesto que el proyecto puede perfeccionarse. Sus disposiciones deben discutirse con rigor jurídico y resguardando las denuncias de buena fe. Pero convertir toda exigencia de responsabilidad en una amenaza contra las víctimas es una forma de clausurar el debate.

Hay algo todavía más grave. Mientras los adultos discuten ideologías, estadísticas y conquistas políticas, los niños crecen. Un niño de cinco años que pasa tres sin ver a su padre no recupera esos años cuando un tribunal autoriza la revinculación. No estamos hablando de los derechos de los hombres contra los de las mujeres. Estamos hablando de niños utilizados en conflictos que no eligieron, y de instituciones que deben responder cuando contribuyen injustificadamente a destruir sus familias.

Si son cien, mil o diez mil, da exactamente lo mismo para el principio que está en juego. Los derechos de los niños no son el costo aceptable de ninguna causa política.