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El 11 de noviembre de 2022, las fuerzas ucranianas liberaron la ciudad de Jersón tras meses de ocupación rusa. La ciudad celebró el regreso de sus defensores, pero la retirada rusa dejó museos saqueados y memoria histórica dispersa.
Poco antes de la liberación, las fuerzas rusas retiraron miles de obras del Museo de Arte Regional Oleksiy Shovkunenko. La organización internacional Human Rights Watch estima que fueron sustraídas unas 10.000 de sus 13.500 obras.
El saqueo no afecta solo a objetos de valor: debilita el vínculo de una comunidad con su pasado y su identidad. Jersón no fue un caso aislado. Durante la invasión, Rusia ha retirado bienes culturales de instituciones en territorios ocupados; sin embargo, cuando se trata de devolver a Ucrania otra colección, Moscú se presenta como víctima de un supuesto robo.
El caso del «oro de Crimea»
En 2013, cuatro museos de Crimea prestaron unos 500 objetos arqueológicos a la exposición «Crimea: oro y secretos del mar Negro» del Museo Allard Pierson de Ámsterdam. La muestra reunía oro escita, joyas y objetos ceremoniales. En marzo de 2014, mientras la exposición seguía abierta, Rusia ocupó y anexionó Crimea. Surgió entonces la disputa sobre si la colección debía regresar a los museos bajo ocupación ilegal rusa o al Estado ucraniano.
En junio de 2023, el Tribunal Supremo neerlandés ordenó entregar la colección a Ucrania, adonde regresó en noviembre. La sentencia no reconoció a Rusia como propietaria ni rompió el vínculo histórico de los museos con las piezas. Ucrania conserva la colección hasta que se den condiciones para devolverla a los museos correspondientes en una Crimea liberada.
Rusia no ha aceptado el resultado. En 2026 promovió la exposición «Oro de Crimea: la Europa “civilizada” saquea los tesoros rusos», difundida por sus representaciones diplomáticas. Presenta objetos de museos crimeos como tesoros rusos y califica de expolio el cumplimiento de una sentencia judicial.
La ofensiva no se limita a la propaganda. El 5 de octubre de 2026, el Museo Nacional de Historia de Ucrania recibió copias de resoluciones del denominado «Tribunal de Arbitraje de la República de Crimea», una estructura creada por las autoridades de ocupación rusas.
Las resoluciones admiten demandas de dos instituciones bajo control ruso: el «Museo Central de Táuride» y el «Museo-Reserva Histórico-Cultural de Crimea Oriental». Reclaman que se declare ilegal la retención de los objetos, exigen su devolución y solicitan importantes sumas de dinero en caso de incumplimiento.
La iniciativa busca cuestionar una sentencia definitiva y crear fundamentos artificiales para reclamar el patrimonio ucraniano. El artículo 9 de la ley ucraniana sobre los territorios temporalmente ocupados establece que los órganos creados al margen de la legislación ucraniana son ilegales y sus actos no producen efectos jurídicos.
La contradicción es evidente: el Estado que sustrajo obras de museos ucranianos acusa a otros de saquear su patrimonio y recurre a sus estructuras de ocupación para cuestionar un fallo judicial. Primero se apropia de los bienes; después intenta apropiarse de su historia y dar apariencia de legalidad a sus reclamaciones.
Lo que esta historia significa para Chile
Esta cuestión no concierne únicamente a Ucrania y Europa. También interpela a Chile, comprometido con la protección y restitución del patrimonio cultural.
Hace tres años Chile fue elegido miembro del Comité Intergubernamental de la UNESCO para Fomentar el Retorno de los Bienes Culturales a sus Países de Origen o su Restitución en Caso de Apropiación Ilícita, para el período 2023-2027. Su participación permite defender un principio esencial: los bienes culturales no deben quedar a merced de la fuerza ni de las narrativas políticas. Protegerlos exige examinar su procedencia, las circunstancias de su traslado y quién tenía autoridad para disponer de ellos.
La UNESCO no reemplaza a los tribunales, pero promueve la cooperación para resolver controversias. La experiencia ucraniana muestra que, bajo ocupación, el patrimonio puede ser objeto de saqueo y servir para justificar reivindicaciones territoriales.
Chile y la comunidad internacional deben aplicar criterios coherentes: condenar el saqueo y rechazar que un Estado declare suyo el patrimonio de un territorio ocupado. La propaganda no puede sustituir a los hechos ni al derecho.
El control militar no otorga derechos de propiedad sobre el patrimonio. Las reclamaciones deben evaluarse según la procedencia de los bienes y las normas aplicables, no según la fuerza para imponer un relato.
El patrimonio cultural no es un botín de guerra
La liberación de Jersón recuerda que recuperar una ciudad también exige reparar las pérdidas de la ocupación. Algunas obras podrán recuperarse; otras quizá permanezcan desaparecidas. El silencio facilitaría su olvido.
Rusia intenta apropiarse del patrimonio ucraniano en varios niveles: físicamente, al retirarlo de los territorios ocupados; simbólicamente, al declararlo suyo y presentar su devolución como un expolio; y mediante estructuras de ocupación, al intentar reabrir reclamaciones ya resueltas.
Pero la ocupación no crea derechos de propiedad, una exposición propagandística no anula una sentencia y las instituciones ilegales de un territorio ocupado no pueden convertir sus pretensiones en derechos legítimos.
Al defender las colecciones de Jersón y la decisión sobre el «oro de Crimea», Ucrania defiende un principio universal: el patrimonio cultural no es un trofeo de guerra ni un instrumento imperial. Para Chile, protegerlo significa defender el derecho de los pueblos a conservar su memoria, historia e identidad.
