VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Comisión de Seguridad del Senado inició la tramitación de un proyecto que prohíbe las penas sustitutivas para delitos como homicidio y crímenes violentos contra personas o la propiedad. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, respaldó la iniciativa, aunque pidió perfeccionarla. Desde la oposición cuestionaron su rol por las rebajas de condenas que resolvió administrativamente. En paralelo, el Senado retomó el proyecto que crea un tribunal de ejecución de penas para que estos beneficios sean definidos por jueces, no por organismos administrativos.

En el contexto de la agenda legislativa para limitar o prohibir las rebajas de penas a pederastas, la Comisión de Seguridad del Senado inició la tramitación del proyecto del senador Karim Bianchi (IND), que, entre otras cosas, establece la prohibición absoluta de penas sustitutivas para un catálogo de delitos que incluye el homicidio, pero también delitos graves contra la propiedad utilizando violencia o intimidación.

La iniciativa, que fue firmada por los senadores Andrés Longton (RN) y Juan Luis Castro (PS), cuenta también con el respaldo del Ejecutivo.

Más crucialmente, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se presentó ante la comisión para fijar la postura del Ejecutivo: Están de acuerdo con el proyecto de ley, aunque sostiene que necesita mejoras según los tipos de delitos, que deben ser trabajadas en la instancia.

En este escenario, el secretario de Estado dijo que el corazón de la iniciativa es evitar que proceda cualquier tipo de pena sustitutiva distinta a estar en prisión.

“Tampoco procederá la aplicación de ninguna de las penas sustitutivas por crímenes o simples delitos contra las personas o a la propiedad ejecutados con violencia e intimidación si el sentenciado registrara una condena anterior por delitos que revistan igual carácter”, dijo.

Oposición cuestiona inconsistencias del Gobierno

Como era de esperarse, la oposición cuestionó las ‘inconsistencias’ del Gobierno, al sostener al frente de la tramitación de esta agenda —que tiene por fin último modificar el régimen de rebajas de penas— precisamente al ministro Rabat, que decidió administrativamente las rebajas y posteriores liberaciones de decenas de condenados por delitos sexuales contra menores.

El jefe de bancada del PS, Juan Luis Castro, dice que esto se ha prolongado demasiado y que, más allá de las disculpas, el daño no se ha subsanado.

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dice que politizar la denominada ‘doctrina Rabat’ es no pensar en las víctimas. Además, señaló que lo importante es limitar las circunstancias en que estos condenados salgan en libertad.

Proyecto de tribunal de ejecución de penas

La Comisión de Constitución del Senado revivió la tramitación de un proyecto que ya lleva ocho años en trámite y que algunos consideran como la llava maestra para resolver el problema de las rebajas: La iniciativa que crea el tribunal de ejecución de penas.

El diputado socialista, Marcos Ilabaca, explicó en simple, que se tiene que sacar la determinación de las rebajas de condenas de la función administrativa y que tiene que existir una decisión judicial.

“No es posible que beneficios penitenciarios como la libertad condicional, la rebaja de condenas, estén condicionados en un órgano administrativo. Eso debería estar radicado en un órgano judicial”, sostuvo.

Una de las trabas principales del proyecto, que llegó al Senado hace dos años y medio y recién este martes inició su discusión, ha sido la falta de recursos.

Parlamentarios de la instancia entienden que el Ejecutivo buscará modificar el informe financiero y comprometer dineros para que tenga viabilidad para avanzar.