El ministro del Interior, Claudio Alvarado, evitó entregar detalles de las negociaciones que mantiene el Gobierno con los gremios de camioneros para poner fin a los bloqueos parciales de rutas registrados en distintos puntos del país, en medio de las protestas por el alza de los combustibles.
Tras reunirse con dirigentes de la Confederación de Camioneros Centro Sur, el secretario de Estado confirmó que ambas partes intercambiaron propuestas y puntos de vista, pero sostuvo que no se referirá a los temas específicos mientras las conversaciones sigan en curso.
La reserva también se extendió a la posibilidad de congelar el precio de los combustibles, una de las consultas que recibió durante el punto de prensa.
Al respecto, Alvarado señaló que los dirigentes deben analizar las propuestas del Ejecutivo con sus bases antes de avanzar hacia un eventual acuerdo.
Negociación del Gobierno con camioneros
“Si llegamos a un acuerdo, le daré los pormenores del acuerdo, los términos en que se produjo la reunión y, si no podemos cerrar un acuerdo, también le explicaré por qué“, afirmó.
El ministro también explicó por qué el Gobierno retiró del Congreso el proyecto que buscaba congelar durante tres meses el precio de los combustibles.
Según indicó, la decisión responde a la necesidad de evitar que la discusión legislativa avance en términos distintos a los que se están negociando con los transportistas.
“Yo no puedo estar hoy día conversando una cosa y promoviendo en el Parlamento la discusión de otra que puede ser diferente“, sostuvo.
Llamado a despejar rutas
En esa línea, aseguró que el Ejecutivo podría reingresar la iniciativa si sus contenidos coinciden con lo que se acuerde con los gremios. De lo contrario, modificarán los aspectos necesarios.
Alvarado anunció además que durante la tarde se reuniría con representantes de la agrupación Fuerza del Norte, para luego retomar las conversaciones con los dirigentes de Centro Sur.
Finalmente, hizo un llamado a mantener las rutas despejadas y recalcó que el derecho a manifestarse no debe afectar el libre desplazamiento de las personas ni las actividades económicas y productivas.
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