La diputada Zandra Parisi (PDG) respaldó un proyecto de ley que propone establecer la castración química voluntaria como requisito para que condenados por delitos sexuales contra menores puedan acceder a determinados beneficios penitenciarios. La parlamentaria enfatizó que la medida no busca reducir condenas, sino aumentar las exigencias para quienes cometan estos delitos.
La iniciativa, denominada “¡Con las infancias no!”, fue ingresada por parlamentarios de distintos sectores políticos y contempla un endurecimiento de las sanciones por delitos sexuales, además de mayores restricciones para acceder a beneficios penitenciarios.
Entre sus principales propuestas se encuentra establecer el presidio perpetuo para el delito de violación, aumentar las penas por delitos sexuales contra menores y exigir que los condenados se sometan voluntariamente a un tratamiento de castración química para optar a determinados beneficios.
El proyecto fue suscrito por la diputada Zandra Parisi (PDG), junto a Héctor Ulloa (IND-PPD), Jaime Mulet (FREVS), Erich Grohs (PNL) y Patricio Pinilla (DC), entre otros parlamentarios.
Al fundamentar su respaldo, Parisi sostuvo que el Estado debe avanzar hacia mecanismos que refuercen la protección de niños, niñas y adolescentes.
“Hoy ya no basta con tener presos a los violadores y abusadores sexuales de menores de edad. Las víctimas, sus familias y la ciudadanía esperan mucho más del Estado. Esperan justicia, protección y, sobre todo, garantías de que estos delitos no vuelvan a repetirse”, afirmó.
Castración química voluntaria y beneficios penitenciarios
De acuerdo con la propuesta, el tratamiento de castración química sería voluntario, pero constituiría un requisito para que los condenados por delitos sexuales contra menores puedan acceder a libertad condicional, permisos de salida e indultos particulares.
La iniciativa establece que someterse al procedimiento no permitiría reducir la condena ni podría considerarse una circunstancia atenuante. Asimismo, quienes abandonen el tratamiento perderían el beneficio penitenciario obtenido.
“No podemos seguir permitiendo que quienes han destruido la infancia de un niño puedan acceder a beneficios penitenciarios sin exigencias verdaderamente rigurosas”, manifestó la diputada.
En esa línea, Parisi recalcó que la propuesta apunta a establecer condiciones adicionales para acceder a estos mecanismos, sin modificar las penas impuestas por los tribunales.
“No estamos hablando de reducir condenas ni tampoco de premiar a los delincuentes. Estamos hablando de aumentar las exigencias y poner la seguridad de nuestros niños por encima de cualquier beneficio”, aseguró.
Controles y seguimiento de los condenados
La parlamentaria también reconoció que el tratamiento, por sí mismo, no elimina el riesgo de reincidencia, por lo que planteó la necesidad de acompañarlo de mecanismos de fiscalización.
“Ningún tratamiento garantiza, por sí solo, que un agresor no vuelva a delinquir. Por eso necesitamos controles estrictos, evaluaciones permanentes y un seguimiento real”, advirtió.
Finalmente, Parisi sostuvo que la discusión legislativa debe considerar especialmente los derechos de las víctimas y sus familias al momento de establecer las condiciones para acceder a beneficios penitenciarios.
“Los derechos de las víctimas no pueden seguir quedando en segundo plano frente a los beneficios de sus agresores. La infancia no se recupera, el daño puede acompañar toda la vida y el Estado tiene la obligación de actuar con toda la firmeza que la ley permita”, concluyó.
La propuesta deberá continuar su tramitación legislativa antes de que las medidas planteadas puedan convertirse en ley.
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