Cada vez que un barco chileno se acerca a las islas Falkland, en Buenos Aires aparece la misma idea: que hay que pedir permiso. Magallanes no lo va a hacer.

Hay un decreto argentino de 2010 que exige autorización previa a los barcos que navegan entre el continente y las islas, y hay otro, el 457, que Chile considera una vulneración de su soberanía y que sigue sin derogarse. Pero ningún decreto argentino puede estar por encima de un tratado internacional, y menos de lo que decide un país soberano. Chile es una nación soberana, no una colonia.

Digo Falkland y no me voy a disculpar por eso. Quien administra hoy las islas es el Reino Unido, y Chile no tiene por qué cargar con una disputa que no es suya. Defiendo que nuestro país adopte una posición neutral frente a la controversia entre Argentina y Gran Bretaña, y que las diferencias diplomáticas no las termine pagando Magallanes. Yo no voy a defender los intereses argentinos. Voy a defender los de mi región.

El canciller argentino, Pablo Quirno, ha buscado bajar la temperatura diciendo que no tienen intención de atacar ni de abordar el buque, apelando al derecho internacional. Qué bueno que lo diga. Pero que un país no aborde un barco mercante de otro no es una concesión que haya que agradecer, es lo mínimo.

Es difícil creer en la calma cuando, mientras tanto, diputados trasandinos promueven proyectos de ley en el Congreso argentino y en la legislatura de Tierra del Fuego para endurecer las sanciones, restringir los beneficios a empresas que colaboren con la logística y calificar la travesía fuera del régimen de “paso inocente”. Incluso desde la Liga Naval y sectores diplomáticos se ha llegado a insinuar la idea de detener y multar la nave.

A mi juicio, quien está generando el conflicto es el gobierno de Buenos Aires, al no respetar las garantías de libre navegación que rigen en el Estrecho de Magallanes y el Derecho del Mar. Aunque argumenten que hay sectores chilenos que quieren hacernos pelear, la realidad es otra: nadie en Magallanes quiere pelear; queremos trabajar.

Se insinúa, además, que el buque serviría para dar apoyo logístico al proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca norte del archipiélago. Si alguien tiene pruebas de ello, que las muestre. Mientras tanto, es un negocio estrictamente entre privados: un buque mercante de bandera chilena, operado por la naviera Easter Island Logistics, que tras pasar por el astillero de Asmar en Punta Arenas tiene previsto zarpar a mediados de diciembre para reabrir un comercio lícito que transportará alimentos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos. Presumir intenciones oscuras no es diplomacia.

Presidí cinco años la Cámara Marítima de Magallanes y sé lo que significa para un puerto ganar o perder una ruta. La reactivación de este puente marítimo, interrumpido por más de dos décadas, proyecta un mercado de cerca de US$ 20 millones anuales para nuestra región. Esto se traduce directamente en alimentos, combustible, servicios, proveedores y trabajo para familias magallánicas. Punta Arenas nació mirando al Estrecho y comerciando entre dos océanos. Recuperar esa vocación no es una provocación contra nadie.

Valoro que la Cancillería chilena, respaldada por declaraciones del Ministerio de Defensa y Economía, defienda la validez de los tratados internacionales de libre navegación y mire con buenos ojos el desarrollo comercial de los chilenos.

Sin embargo, el Gobierno debe respaldar esta ruta con hechos firmes, garantizando que el paso inocente del buque a través de los 900 kilómetros de travesía —incluyendo las 12 millas bajo jurisdicción argentina— se ejerza sin amedrentamientos. Lo planteé a Cancillería en una temprana reunión en agosto de este año y lo ratifiqué en una reunión con nuestro embajador esta semana en Buenos Aires: la región exige una postura clara. Magallanes necesita certezas y protección de sus rutas comerciales, no ambigüedad.

En soberanía no puede haber ni vacilaciones ni concesiones. Chile no necesita pedirle permiso a nadie para ejercer sus derechos en el mar, y Magallanes tampoco necesita permiso para comerciar.