El diputado Jaime Araya (IND-PPD) presentó este miércoles ante el Ministerio de Justicia una solicitud para invalidar los decretos que rebajaron condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad. Además, planteó que existen antecedentes para una acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat.
El escrito, suscrito también por los diputados Cristián Tapia y Héctor Ulloa, cuestiona los beneficios concedidos a 56 condenados por abuso sexual y violación de menores, además de tres decretos por secuestro calificado y tortura, incluidos dos correspondientes a internos de Punta Peuco.
La presentación invoca el artículo 53 de la Ley 19.880 y pide iniciar un procedimiento de invalidación, con audiencia de los interesados, para dejar sin efecto los actos que los parlamentarios consideran contrarios a derecho.
Según argumentan, el Ministerio no podía extender a otros condenados los criterios de fallos judiciales dictados en causas particulares. También acusan falta de fundamentación y una insuficiente consideración de los derechos de las víctimas.
Solicitan suspender efectos de decretos y escuchar a las víctimas
Como medida provisional, los diputados solicitaron suspender los efectos de las rebajas respecto de quienes todavía permanezcan en prisión, si los hubiera. Asimismo, pidieron informar del procedimiento a las víctimas y sus familias, con resguardo de su identidad, y requerir observaciones a la Defensoría de la Niñez.
Araya emplazó al presidente José Antonio Kast a priorizar la protección de los afectados. “Yo espero que el foco central no esté puesto tanto en el conflicto político, sino en cómo hoy día se protege a las víctimas”, afirmó.
Respecto de una eventual acusación constitucional contra Rabat, el diputado aclaró que su postura aún no constituye un acuerdo de la bancada PPD-Independientes.
“A título estrictamente personal, yo creo que aquí se configuran los elementos para una acusación constitucional”, sostuvo.
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