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Codelco abultó su producción, repartió incentivos por toneladas inexistentes y se continúa financiando gracias a un crédito que, en rigor, avala el Estado. Lo que es claro es que la fiscalización de Codelco hace agua por todos lados.
En medicina la precisión del diagnóstico determina la eficacia del tratamiento, pero con Codelco ocurre algo llamativo: a mi juicio está sobrediagnosticado. Sin embargo, esa abundancia de informes, comisiones investigadoras y análisis de expertos que han sido coincidentes, no se han traducido en el tratamiento de fondo que la empresa necesita, o bien los que deberían haber ejecutado las recomendaciones no han aplicado el tratamiento.
Persisten las mismas observaciones sobre la forma en que se administra y se fiscaliza, tenemos carpetas llenas de datos sobre la caída en la producción, el retraso de los proyectos estructurales y el endeudamiento, pero nos hemos quedado atrapados en la discusión del síntoma sin la voluntad política ni operativa para aplicar el tratamiento oportuno.
Los últimos quince meses han llevado a Codelco al límite. Es una situación de alto riesgo para un gigante estatal que, en medio de esa vulnerabilidad, pretende recuperar su liderazgo global en la producción de cobre.
Los últimos datos confirman la gravedad de esta crisis. En mayo se conoció que la producción de Codelco de 2025 había sido sobreestimada en 26.875 toneladas de cobre fino, concentradas principalmente en los óxidos de Chuquicamata y en Ministro Hales. Con este ajuste, la producción real cayó a su nivel más bajo desde 1998.
Lo más grave es que esta alerta provino de una denuncia anónima y no de los sistemas internos de control, a pesar de que en diciembre anterior la producción se había disparado de forma anómala en un 41%, desembolsando por ese volumen 14,3 millones de dólares en bonos a más de seis mil personas.
A este episodio le siguió la dimisión del presidente ejecutivo Rubén Alvarado en junio, la sospecha posterior sobre duplicación de inventarios contabilizados dos veces entre Ministro Hales y Salvador durante 2024 y 2025, y la trágica pérdida de dos vidas humanas, nuevamente en El Teniente, lo que refleja la fragilidad operativa de la estatal.
Auditoras externas, el Ministerio Público y una comisión investigadora de la Cámara analizan hoy estos hechos, pero la interrogante de fondo trasciende a quienes alteraron las cifras y apunta a por qué nadie lo advirtió a tiempo.
Hasta ahora los mercados han sido benevolentes, respaldados en el aval implícito del Fisco chileno y en un precio del cobre elevado. Sin embargo, la solvencia de Codelco hoy es prestada. Con una deuda cercana a los 27 mil millones de dólares, compromisos de inversión anuales astronómicos y una producción propia que retrocedió 11% en el semestre, la empresa caería en categoría especulativa si dependiera de sus propios estados financieros. Cuando la distorsión atraviesa múltiples ejercicios y divisiones, ya no estamos frente a un error administrativo sino ante una falla estructural de control interno. Ahí radica el nudo crítico de la Comisión Chilena del Cobre.
Cochilco opera bajo una arquitectura legal heredada de la década de 1970 que le exige supervisar pero le niega el acceso en línea a la información operativa de la minera, dejándola con multas desactualizadas, sin un procedimiento sancionatorio formal y con un rol asesor que confunde su labor fiscalizadora. Su Consejo actual carece de integrantes especializados en auditoría y control, transformándolo en un órgano que valida los reportes que la misma administración le entrega en lugar de plantear las preguntas incómodas sobre inventarios, saltos de producción y pagos de bonos.
El tratamiento intensivo que requiere Codelco exige transformar radicalmente la naturaleza de Cochilco mediante tres pilares fundamentales. En primer lugar, nuestra propuesta es integrar a su Consejo a un representante de la Contraloría General de la República y a un representante de la Comisión para el Mercado Financiero, aportando de forma directa la pericia en probidad, gobierno corporativo, gestión de riesgos y auditoría del gasto público.
En segundo lugar, creo que es indispensable fijar requisitos estrictos de idoneidad técnica en fiscalización minera para los consejeros designados por la Presidencia de la República.
Finalmente, se le deben otorgar herramientas reales mediante una nueva Unidad de Auditoría Especializada con acceso permanente a libros, estados financieros y plataformas en línea, junto a un régimen sancionatorio actualizado con multas de hasta 200 mil Unidades de Fomento para casos graves de reincidencia.
Fortalecer la fiscalización no significa asfixiar a Codelco con burocracia, sino proteger su activo reputacional frente a los acreedores, amparar a los trabajadores y ejecutivos que hacen bien su labor y resguardar el patrimonio de su verdadero dueño, que son todos los chilenos.
Aunque la actual administración ha mostrado avances al remitir antecedentes a la Fiscalía e iniciar auditorías externas, las instituciones deben prevalecer sobre las gestiones de turno. Con la advertencia sobre el riesgo de contagio crediticio hacia el propio Estado de Chile, la comisión investigadora recientemente finalizada, ha tenido la oportunidad de concluir nuevamente que es necesario contar con una institucionalidad moderna y capaz de evitar que el país dependa de una denuncia anónima para saber cuánto cobre produce su principal empresa.
La credibilidad es el activo minero más valioso, y recuperarla comienza por definir con rigor quién vigila.
