La ingeniería electoral puede tener múltiples efectos

La fragmentación de la Cámara de Diputados es un problema real. Cuando aumenta el número de actores necesarios para construir mayorías, las negociaciones se vuelven más complejas, la coordinación legislativa se dificulta y puede resultar menos claro quién responde por los acuerdos alcanzados o por su fracaso. Por eso es razonable que una reforma política aspire a disminuirla.

Sin embargo, la reducción del número de partidos no puede transformarse en el único criterio para juzgar una reforma electoral. Una Cámara con menos partidos no es necesariamente más representativa, menos polarizada ni más proporcional. Tampoco es plausible suponer que una concentración mecánica de la representación fortalecerá por sí misma el arraigo social de los partidos o estabilizará sus vínculos con la ciudadanía.

En el debate chileno, esta distinción resulta especialmente relevante ante el umbral electoral del 5% actualmente en tramitación y frente a una alternativa distinta, la supresión de los pactos electorales. Un ejercicio contrafactual aplicado a las elecciones de diputados de 2017, 2021 y 2025 permite observar que ambos mecanismos producen efectos diferentes.

El umbral excluye de la asignación de escaños a los partidos que no alcanzan el 5% de la votación nacional, salvo la cláusula de salvaguarda para las colectividades que eligen al menos ocho parlamentarios. La supresión de pactos obliga, en cambio, a cada organización a convertir separadamente sus votos en representación parlamentaria.

Al comparar las tres elecciones, el umbral produce el efecto más regular sobre la concentración de la representación. En todas disminuye el número efectivo de partidos parlamentarios: 1,08 puntos en 2017, 2,07 en 2021 y 1,58 en 2025. Al mismo tiempo, las cinco mayores bancadas aumentan su peso. Ese efecto es real y no conviene minimizarlo. Si el objetivo principal fuera solamente disminuir la fragmentación parlamentaria, el umbral cumpliría esa función de manera bastante regular. Sin embargo, también produce consecuencias que deben incorporarse a la evaluación.

Al aumentar la concentración, el umbral también eleva la desproporcionalidad entre votos y escaños. El índice de Gallagher aumenta en las tres elecciones simuladas: en 2025 pasa de 7,56 en la Cámara observada a 10,42 bajo el umbral. La composición del Parlamento se aleja así de la distribución de preferencias expresada por los electores. Los sistemas electorales pueden aceptar parte de esa distancia para alcanzar otros objetivos institucionales, pero su costo debe quedar explícito en la discusión de una reforma que busca reducir la fragmentación.

También la polarización parlamentaria obliga a matizar el efecto concentrador del umbral. Medida mediante el índice de Dalton, aumenta en las tres elecciones examinadas. El cambio es pequeño en 2017, más visible en 2021 y nuevamente perceptible en 2025, cuando Dalton sube de 4,28 a 4,36. Concentración y moderación son fenómenos distintos. La reducción del número de partidos no implica necesariamente una menor polarización parlamentaria.

En 2021, el contraste resulta especialmente claro. Bajo la simulación del umbral desaparecen de la representación partidos como el Partido Radical, el Partido Liberal, Evópoli, el Partido Ecologista Verde y el Partido Humanista. En ese mismo escenario, el Partido Comunista aumenta de 12 a 17 escaños. La Cámara contiene menos organizaciones, pero el índice de polarización aumenta. Tampoco existe una relación automática entre menor fragmentación y menor peso parlamentario de los polos: sus escaños pasan de 26 a 25 en 2017, se mantienen en 55 en 2021 y aumentan de 71 a 74 en 2025.

Bajo la supresión de pactos aparece un patrón distinto. El número efectivo de partidos disminuye en 2017 y 2021, pero aumenta en 2025, y tampoco existe un efecto único sobre la concentración de las mayores bancadas. Dalton, en cambio, disminuye en las tres elecciones. En 2025 cae de 4,28 a 3,97, mientras los escaños ubicados en los polos bajan de 71 a 59. Ese mismo año, Gallagher disminuye de 7,56 a 5,28.

Tales resultados no convierten automáticamente a la supresión de pactos en una solución general. En 2017 la desproporcionalidad aumenta y, en 2021, los escaños de los polos suben de 55 a 58 aunque Dalton disminuye ligeramente. Sus efectos dependen, además, de la distribución territorial de los votos y del supuesto utilizado sobre la disponibilidad de candidaturas en cada distrito. El contraste muestra que umbral y supresión de pactos no son dos versiones de una misma política. El primero concentra mediante una exclusión nacional; la segunda modifica la competencia distrital y elimina la posibilidad de que distintos partidos sumen sus votos dentro de una misma lista. Las consecuencias sobre representación, proporcionalidad y polarización parlamentaria son diferentes.

La institucionalización involucra la estabilidad de la competencia, el arraigo social, la identificación partidaria, la legitimidad y la continuidad organizativa. Ninguna de esas dimensiones se corrige automáticamente mediante una reducción del número de bancadas en la Cámara de Diputados. Una reforma electoral puede modificar los incentivos de la competencia y ayudar a ordenar algunas de sus consecuencias, pero no puede sustituir una política más amplia de fortalecimiento de los partidos.

Una reforma permanente también cambiaría las decisiones de partidos y electores: las organizaciones podrían fusionarse, concentrar recursos territorialmente, retirar candidaturas o buscar otras formas de coordinación, mientras el electorado podría recurrir con mayor intensidad al voto estratégico. Las simulaciones identifican efectos mecánicos bajo condiciones específicas; sus resultados no anticipan cómo responderían los actores ni cómo funcionaría el sistema después de una reforma. Morlino, Berg-Schlosser y Badie advierten sobre los límites de las inferencias causales, las generalizaciones y las teorías universales en el análisis político. Ese recordatorio importa aquí: los efectos de una regla dependen del contexto, de la estructura partidaria y de su interacción con otras instituciones.

Al evaluar una reforma, importa qué representación desaparece, hacia dónde se redistribuyen los escaños, cuánto cambia la proporcionalidad y qué ocurre con la polarización parlamentaria. La reducción de la fragmentación debe ponderarse junto con esos efectos.

Finalmente, una consideración trasciende los indicadores. Lijphart advirtió que la ingeniería electoral tiene límites morales además de técnicos. Una competencia democrática saludable requiere que sus reglas fundamentales cuenten con un respaldo amplio y no sean modificadas con demasiada frecuencia. En particular, un sistema electoral «no debería ser cambiado en atención a estrechos propósitos partidistas». En una materia en que las reglas distribuyen poder político, esa reflexión conserva plena vigencia.