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El debate en el Senado sobre el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial abre una oportunidad para reformular la propuesta presentada durante el gobierno de Gabriel Boric. Es gratificante ver que, después de años de una infructuosa discusión legislativa, nuestro país está tomando el rumbo correcto en esta materia. Según se acordó este lunes en la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado junto a la ministra Lincolao, el Ejecutivo presentará una indicación sustitutiva a este proyecto antes del 4 de diciembre.
No es sorpresa para nadie, que los países que aprovechen el potencial de la IA, impulsando su desarrollo y adopción, lograrán avances significativos en su transformación social y económica. Por lo mismo, el Senado tendrá en sus manos la oportunidad de contribuir a que nuestro país fortalezca su capacidad de desarrollar IA y consolide su liderazgo regional.
Chile encabeza por cuarto año consecutivo el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2026), que evalúa la madurez de los ecosistemas de IA. Este resultado refleja fortalezas sobre las cuales podemos construir, tenemos los factores habilitantes para dejar de ser un simple usuario de IA y llegar a ser un hub digital en la región.
Pero no basta una ley por sí sola. La regulación debe ser una herramienta para impulsar la innovación y no una barrera que limite su potencial. A mi juicio, el proyecto heredado del gobierno anterior, nacido del pánico colectivo ante el vertiginoso avance de la IA, debe reformularse para evitar que exigencias desproporcionadas terminen frenando el desarrollo tecnológico.
Debemos legislar sobre la base de evidencia acerca de los riesgos y beneficios reales, sin permitir que la desconfianza frene la innovación. Necesitamos además, un Estado que lidere con un rol catalizador que vaya más allá de las leyes: trabajar junto al ecosistema tecnológico, fortalecer la colaboración público-privada, escuchar a los expertos y promover el uso responsable de IA en la administración pública.
Asimismo, una prioridad debe ser la capacitación y la reconversión laboral. El Estado a través de políticas públicas, debe facilitar que los trabajadores desarrollen nuevas habilidades y competencias tecnológicas, fomentar la formación de talento digital especializado y reducir brechas mediante la alfabetización digital. También debe apoyar a nuestras pymes y startups para que incorporen la inteligencia artificial de manera ética, responsable y sustentable.
Hay mucho por hacer que no requiere nuevas leyes. Evitemos caer en un enjambre legislativo, es decir, superposición de normas y obligaciones contradictorias que pueden generar incertidumbre jurídica y por ende desincentivar la inversión. Avancemos hacia un uso de esta tecnología que mejore el bienestar de las personas y construya confianza digital.
Porque la IA es mucho más que ChatGPT, necesitamos una regulación ágil y sistémica, coherente con las normas existentes, que evite ambigüedades y exigencias innecesarias cuyos costos puedan asfixiar a las pequeñas empresas. Debe establecer medidas concretas para elevar los estándares de uso, desarrollo y adopción de esta tecnología, con obligaciones proporcionales al riesgo. La autorregulación puede contribuir, siempre que cuente con mecanismos verificables de cumplimiento y supervisión humana efectiva.
El gran riesgo que enfrentamos como país es quedarnos atrás y perder la carrera tecnológica, la IA es y será el motor para la transformación económica y social en el mundo, por lo que el costo para Chile de una mala regulación puede ser muy alto.
Tenemos oportunidad única de consolidarnos como un líder digital en Latinoamérica, lo que demanda sentar las bases para construir una IA con propósito, a través de la confianza y la evidencia, sin dejar que el miedo defina nuestro futuro.
