El Ministerio de Justicia rebajó la condena a 56 abusadores y violadores de niños. Gendarmería advertía en varios casos “alto riesgo de reincidencia”. Al menos 33 ya están libres y sus víctimas no fueron notificadas. Nada de esto lo informó La Moneda: lo reveló la prensa. Sin Interferencia y Bío Bío, Chile no sabría que hay pedófilos sueltos por decisión de este Gobierno.
Cualquier ministro con un mínimo de responsabilidad habría renunciado el primer día. Fernando Rabat, en cambio, dice que “no he pensado en renunciar” y que espera acompañar a Kast “durante sus cuatro años”. Ni siquiera sabe si todos los beneficiados están en libertad: “no me atrevo a dar una respuesta absoluta”.
Para sostenerse, el Gobierno cambió cuatro veces de excusa. Primero, “el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema”, hasta que la propia Suprema aclaró que “fue el ministro de Justicia quien dictó decretos”. Luego, un “vacío legal”; después, “un problema de interpretación”; y el vocero, que con Boric “el resultado es exactamente el mismo”. Falso: el exministro Gajardo recordó que esas solicitudes se rechazaban. No había vacío: había un criterio, y este Gobierno lo cambió.
Kast dice asumir “la responsabilidad”, pero mantiene a quienes firmaron, porque sacar a Rabat solo “tranquiliza por unos días”. Entonces, ¿qué cuida el Presidente al no pedirle la renuncia?
La respuesta está en Punta Peuco. Con la misma firma se rebajaron condenas a criminales de lesa humanidad, entre ellos un exagente de la CNI condenado por el secuestro de cinco jóvenes cuyos cuerpos fueron lanzados al mar frente a Quintay. Para abrir la puerta a los violadores de derechos humanos, había que abrirla para todos, y por ella salieron también los pederastas. ¿Esa es la señal que la extrema derecha le quiere dar al pais?
Por eso Rabat no se va. Su salida confirmaría que esto no fue un error técnico, sino una decisión política: la de un ministro que fue abogado defensor de Pinochet y de un sector que lleva años pidiendo salidas “humanitarias” para los agentes de la dictadura. Es una posición política disfrazada de negligencia. Si cae Rabat, cae el relato, y el president Kast, al parecer, prefiere proteger la coherencia de su proyecto antes que a los niños y niñas de Chile.
Un gobierno que se dice de orden no puede sostener al ministro que dejó libres a quienes abusaron de nuestros niños. Si Kast no le pide la renuncia, que se la pida el Congreso con la acusación constitucional. ¿Que hará la derecha liberal frente a esa cuyuntura?
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