Organizaciones sociales advirtieron que la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que impulsa el Gobierno podría representar un retroceso democrático, cuestionando la reducción de sus atribuciones.
La iniciativa, que mantiene suma urgencia, contempla quitarle al INDH la facultad de presentar querellas criminales, aunque conservaría la posibilidad de interponer recursos de protección y amparo.
Además, propone reducir su Consejo de 11 a 5 integrantes, crear el cargo de director ejecutivo y disminuir su dotación de personal.
El Gobierno defiende que el objetivo de la reforma es fortalecer la autonomía del organismo y concentrar sus funciones en la prevención de vulneraciones a los derechos humanos, negando que los cambios representen un retroceso democrático.
Sin embargo, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el director de Amnistía Internacional en Chile, Rodrigo Bustos, cuestionó ese argumento y advirtió que eliminar la facultad de presentar querellas debilitaría la capacidad de acción del organismo.
A estos cuestionamientos se sumó la presidenta de la Asociación de Funcionarios del INDH, Áurea Muñoz, quien rechazó que la reforma se ajuste a los Principios de París, uno de los fundamentos invocados por el Ejecutivo para impulsar los cambios.
“Creemos que es regresivo y afecta el pluralismo y la independencia del Ejecutivo. Implica un debilitamiento en la persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país y recomendamos, por cierto, mantener esta atribución”, señaló Bustos.
“Consideramos que esta propuesta no cumple con los principios de París que son mencionados en el mensaje”, advirtió Muñoz.
Pero la controversia no se limita a las atribuciones del organismo.
Paralelamente, diputados oficialistas presentaron una indicación para dejar al INDH sin presupuesto en 2027, con miras a su eventual eliminación.
El diputado de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, sostuvo que, al discutir el futuro del instituto, también debe considerarse la posibilidad de poner término a su funcionamiento.
“Tenemos que tomar una decisión: si esos 16 mil millones de pesos los vamos a dedicar a una organización que defiende delincuentes o algo tan importante como pensiones y salud”, fustigó.
La oposición, en tanto, insiste en preservar las facultades del organismo.
La diputada comunista Lorena Pizarro advirtió que quitarle atribuciones al INDH significaría dejar a la ciudadanía más expuesta a eventuales vulneraciones de sus derechos.
“No solo lo van a debilitar, lo más grave es que van a dejar expuesta a la población civil de nuestro país a toda forma de violación de sus derechos”, advirtió.
La oposición incluso solicitó al Gobierno retirar la suma urgencia de la reforma, con el objetivo de permitir una discusión más amplia y acorde con la magnitud de los cambios propuestos.
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