El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió este miércoles la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) impulsada por el Gobierno, cuestionando el uso de las acciones penales presentadas por el organismo durante el estallido social de 2019.
Durante su exposición ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el secretario de Estado aseguró que el INDH presentó 3.263 querellas criminales en el contexto del estallido social, de las cuales solo 68 habrían tenido “algún destino”, según sus palabras.
“No cabe ninguna duda de que ha habido un abuso en el ejercicio de la acción penal”, sostuvo Rabat, al justificar uno de los principales cambios que contempla la iniciativa: eliminar la facultad del Instituto para presentar querellas criminales.
El ministro argumentó que el Ministerio Público es el organismo autónomo encargado de ejercer la persecución penal en Chile. Asimismo, recordó que la atribución del INDH para querellarse fue incorporada durante la tramitación de la ley que creó la institución, tras un veto de la entonces presidenta Michelle Bachelet.
Reforma al INDH: menos consejeros y cambios en sus atribuciones
El proyecto, ingresado este lunes al Congreso, propone reducir de 11 a cinco los integrantes del Consejo del INDH, además de crear una Dirección Ejecutiva encargada de la administración y funcionamiento del organismo.
Uno de los cambios más relevantes apunta a sus facultades judiciales. La iniciativa busca reemplazar la posibilidad de presentar querellas criminales por una atribución de denuncia institucional ante las autoridades competentes.
Sin embargo, el INDH mantendría la facultad de interponer recursos de amparo y protección.
Rabat aseguró que la modificación no implica debilitar la protección de los derechos humanos, destacando que la propuesta también contempla la presentación de opiniones especializadas ante tribunales, en calidad de amicus curiae, y la elaboración de informes técnicos y recomendaciones sobre iniciativas legislativas.
Gobierno propone un consejo transitorio por dos años
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, explicó que la reforma contempla la creación de un consejo implementador de cinco integrantes, designados por el Senado a partir de una nómina presentada por el presidente de la República.
Este organismo tendría una duración de dos años, sin posibilidad de reelección, y estaría encargado de elaborar los nuevos estatutos y establecer los procedimientos para implementar la nueva estructura institucional.
Una vez concluida esa etapa, el INDH contaría con un consejo permanente de cinco integrantes, con participación de representantes de la sociedad civil, la academia y el Congreso.
La propuesta también permitiría que el Instituto apruebe sus propios estatutos sin requerir la autorización del presidente de la República, medida que el Ejecutivo presenta como un mecanismo para fortalecer su autonomía.
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